Las diputaciones desafían a Interior al regular por decreto sus propios centros de tráfico

El enfrentamiento entre las tres diputaciones y el Departamento de Interior en materia de tráfico se agranda semana a semana. Las administraciones forales han sido las últimas en mover ficha. Álava prepara ahora un decreto, que secundarán Vizcaya y Guipúzcoa, para dar cobertura legal y contenido a sus propios centros de control y gestión de las carreteras. Este paso supone un desafío al decreto aprobado por el Gobierno el año pasado para crear una sede única para todo el País Vasco, y que las diputaciones recurrieron por entender que vulnera sus competencias.

¿Hasta dónde llegan las competencias de las diputaciones en materia de carreteras y hasta dónde las del Gobierno vasco en tráfico? Esta duda, que ha llevado a ambas partes a un conflicto que perdura desde hace casi un año, la pudo resolver la Comisión Arbitral, el organismo que media en los litigios entre las instituciones vascas. Sin embargo, cuando se pidió su opinión, emitió una resolución en diciembre pasado en la que se inhibía. Adujo defectos de forma en las alegaciones presentadas por las tres diputaciones para no entrar en el fondo del contencioso.

El Gobierno vasco salvó su decreto, pero la polémica sigue patente. De hecho, ha llegado incluso a los tribunales. Aquel decreto, aprobado el 22 de mayo del año pasado, avalaba a la consejería de Interior para construir un centro de control y gestión del tráfico, único para todo el País Vasco. Con él, se pretendía controlar mediante cámaras las principales vías de Euskadi, además de regular la circulación de modo que se podrían evitar posibles congestiones provocadas por incidentes en las carreteras y mejoraría la eficacia de la policía dedicada al tráfico.

Las diputaciones, sin embargo, insisten en que el texto aprobado por el Gobierno invade sus competencias en carreteras. Por eso, cuando Interior ha pedido a las administraciones forales el obligado permiso para colocar en la red viaria una serie de paneles informativos y sensores que permitirían conocer el estado del tráfico e informar a los conductores en tiempo real, las diputaciones se han negado. El Gobierno ha reaccionado denunciando a Álava, Vizcaya y Guipúzcoa ante el contencioso-administrativo.

Forzar a la Comisión

Pero ahí no cesan las hostilidades entre ambas partes. Las diputaciones insisten en su intención de forzar a la Comisión Arbitral a que tome una postura clara en el fondo del conflicto y están utilizando todos los medios a su alcance. Primero, solicitaron la nulidad de la reunión en que la comisión denegó los recursos forales argumentando defectos de forma.

Tanto Guipúzcoa como Álava han enviado un escrito al propio organismo mediador asegurando que una de las personas que componen el pleno de la Comisión Arbitral no acudió a aquella reunión, celebrada el 11 de diciembre pasado, porque no fue citada. Se trata de la juez Koro Cillán, elegida por la Diputación de Guipúzcoa. Aseguran que esa irregularidad en el procedimiento obliga a repetir aquel pleno. El organismo encargado de responder a la solicitud es la propia Comisión Arbitral.

Pero ante la posibilidad de que no se atiendan sus razones, la Diputación de Álava, gobernada por el Partido Popular, ha preparado un borrador de decreto que supone una réplica directa al emitido por el Gobierno vasco el año pasado. En las otras provincias están de acuerdo y han decidido hacer causa común. En Vizcaya, donde el diputado de Obras Públicas y Transportes pertenece al PNV, y en Guipúzcoa, cuyo responsable del área es de Eusko Alkartasuna, están estudiando una medida idéntica. El texto responde artículo por artículo a Interior. Así, donde se otorgaban las competencias al Gobierno vasco para dirigir el centro de control de tráfico, en los decretos forales se delega esa responsabilidad en cada diputación. También da cobertura para instalar paneles informativos, postes de auxilio 'y cualquier otro elemento funcional situado en la zona de dominio público de las carreteras'.

El decreto foral habilita a las diputaciones para crear el denominado Centro de Control de Carreteras en cada provincia. En Vizcaya y Álava ya existen, aunque todavía carecen del contenido suficiente para que resultaran eficaces.

El decreto supone un claro desafío a Interior. Tal y como se ha encauzado el conflicto durante este último año, no sería sorprendente que el Gobierno vasco interpusiera algún recurso contra esa norma foral y que incluso se llegara a la paradoja de que el asunto debiera dirimirse de nuevo en la Comisión Arbitral, sólo que esta vez el recurrente sería el Departamento de Interior y el recurrido, las diputaciones.