Padres y madres pedimos la palabra

Partidos políticos, profesores, intelectuales, periodistas y líderes de opinión, en general, se han permitido durante los últimos meses hacer todo tipo de declaraciones en cuantos medios de comunicación han tenido a su alcance para expresar sus opiniones sobre la reforma educativa que el gobierno del Partido Popular quiere imponer en nuestros centros educativos. Ahora es el momento en el que padres y madres, afectados directamente por el futuro de nuestros hijos, tomemos la palabra.

Bajo la excusa política, y en ningún caso objetiva ni técnica, de las deficiencias que a su juicio ha presentado durante los últimos años la Logse, la ministra de Educación y el Gobierno han decidido unilateralmente eliminar progresivamente esta ley integradora, compensadora y de educación en valores, que nunca fue respaldada por el Partido Popular, para impulsar otra que denominan 'de calidad', con contenidos homogéneos y donde prime la competitividad. Se pretende, de este modo, atentar contra los valores de tolerancia, respeto y democracia que deben imperar en el sistema educativo porque va a establecer distinciones sociales, económicas y culturales entre el alumnado limitando aún más la participación de los colectivos en las decisiones de los centros.

Desde la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos por la Enseñanza Pública, consideramos que esta reforma no se puede llevar a cabo sin un debate previo, sin el consenso de las comunidades autónomas y sin la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa. La nueva ley llamada 'de calidad educativa' pretende volver a la posibilidad de repetir todos los cursos, a la vez que dividir al alumnado en cuatro itinerarios según sus aptitudes, es decir, los listos con los listos y los tontos, con los tontos. Por otra parte, la creación de diferentes titulaciones al finalizar la ESO marcaría el futuro de nuestros hijos e hijas a una edad temprana cuando, además, consideramos la titulación única en la etapa obligatoria como un principio irrenunciable.

¿Y qué decir de las reformas que esta ley pretende aplicar en los centros educativos? ¿Cómo es posible que se presente como un avance para mejorar la calidad de la enseñanza aplicar a un alumno, como medida correctora, la expulsión del centro? ¿No es este extremo el abandono de responsabilidades tanto de la Administración educativa como del centro y del profesorado? Durante años, los padres -primeros interesados en la educación de nuestros propios hijos- hemos luchado para conseguir una escuela donde primen los valores democráticos y la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa. ¿Para qué?, nos preguntamos ahora cuando nos encontramos frente a una ley que pretende dejar a la decisión del profesorado la imposición de sanciones al alumnado y la elección del equipo directivo. Es como si a Comisiones Obreras y UGT se les obligase hoy, en pleno siglo XXI, a volver a funcionar con las estructuras del sindicato vertical. ¿Sería lógico? Estas medidas atentan contra los valores de solidaridad, tolerancia, respeto y democracia que deben imperar en el sistema educativo, porque se van a establecer distinciones sociales, económicas y culturales entre el alumnado.

El posible regreso de la reválida ha devuelto a la memoria de algunos de nosotros más de una frustración. No vamos a permitir que nuestros hijos hagan frente a una prueba de conocimientos para saltarse la igualdad de oportunidades y jugarse a una sola carta su futuro sin que, además, pasar por este mal trago les garantice una plaza en la Universidad ya que para acceder a cada centro universitario tendrán que superar otra selección específica.

Estábamos en la línea de avanzar en una escuela pública de calidad, y ahora nos pondrán los itinerarios más bajos, par prestigiar con los altos a la enseñanza privada, creando unas diferencias insalvables.

Mercedes González Fontádez es presidenta de Codapa.