Se triplica el número de menores inmigrantes sin padres ni documentos

El Ararteko ha llevado a los tribunales, por primera vez en sus 12 años de existencia, a un alcalde de la comunidad autónoma por negarse a colaborar con la institución. En concreto, el Defensor del Pueblo vasco ha denunciado ante el Ministerio Fiscal al alcalde de Pasaia, Juan Carlos Alduntzin, de Batasuna, por devolver sistemáticamente todos sus escritos y peticiones de información. Alduntzin justifica esta postura porque el Ararteko, como otras instituciones vascas, encabeza todos sus escritos con el lema ETArik ez-ETA no, lo que, en su opinión, demuestra una 'falta de neutralidad política'. La iniciativa del Ararteko no tiene precedentes en el resto de España, donde ningún Defensor del Pueblo ha demandado a un alcalde.

El ordenamiento jurídico concede una especial importancia al deber de colaboración de las administraciones públicas con instituciones como la del Ararteko. Así, la falta de cooperación está prevista como un delito en el artículo 502.2 del Código Penal, pudiendo imponerse una pena de suspensión de empleo o cargo público por espacio de seis meses a dos años a las autoridades que obstaculicen las investigaciones del Defensor del Pueblo.

La titular en funciones del Ararteko, Mertxe Agúndez, comunicó ayer esta noticia durante la presentación del informe que recoge las actuaciones de la institución en 2001. Según Agúndez, la 'actitud entorpecedora' de Alduntzin 'no es nueva' y afecta a numerosos expedientes. El Ararteko informó al Ministerio Fiscal en diciembre.

Una vez informado de la situación, el Ministerio Fiscal consideró que existían indicios suficientes de falta de colaboración y abrió un procedimiento penal en el Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián. De momento, han prestado declaración Agúndez y el propio alcalde de Pasaia. El informe del Ararteko correspondiente al año 2001 dedica un capítulo a este caso. Como ejemplo de la falta de colaboración del consistorio de Pasaia cita el expediente abierto en 1997 sobre el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Mientras que la Diputación de Guipúzcoa respondió a la petición de información acerca de una queja planteada por un vecino de la localidad, el Ayuntamiento no lo hizo pese a que se le requirió hasta en cuatro ocasiones. El alcalde tampoco ha colaborado en otros expedientes abiertos sobre los ruidos que ocasiona un garaje y un taller, el cobro del Impuesto sobre Vehículos y la excesiva velocidad de paso por una calle. La negativa a cooperar con el Ararteko se agrava cuando Alduntzin ordena a sus funcionarios que devuelvan a la institución 'todos los escritos que envíen, mientras no recupere su neutralidad'. El alcalde no ha cambiado de opinión a pesar de que la ararteko le envió escritos en los que explica las razones que le han llevado a incluir el lema de ETArik ez-ETA no. En esas comunicaciones, también le detallaba algunas de las intervenciones que ha realizado en cuestiones como los malos tratos y la situación de los presos. Pero el Ayuntamiento llegó a devolver estos escritos, según figura en el informe del Ararteko. A juicio de Agúndez, este cúmulo de hechos evidencia claramente la intención del alcalde de Pasaia de no colaborar con el Defensor del Pueblo mientras la institución presida sus escritos con un lema en contra de ETA. 'La actitud del alcalde impide al Ararteko ejercer su función de control y, por lo tanto, imposibilita que los ciudadanos que han planteado algún escrito de queja frente a actuaciones administrativas del Ayuntamiento de Pasaia puedan defender sus derechos', concluye el capítulo dedicado al alcalde. Por otra parte, el informe de 2001 también llama la atención sobre la situación de los menores inmigrantes que recalan en Euskadi sin el acompañamiento de familiares e indocumentados. En 2001 creció un 333,3% el número de estos menores en relación al año anterior. Un total de 530 chicos y chicas llegaron hasta la comunidad, algunos de paso y otros con intención de instalarse. La situación es muy diferentes en cada uno de los tres territorios. Mientras en Álava este colectivo no ha experimentado ningún aumento, en Vizcaya el problema ha alcanzado tintes 'preocupantes', al multiplicarse por seis las necesidades o las demandas de acogida en un solo año. Este incremento 'ha desbordado las previsiones iniciales' de las instituciones, según el informe del Ararteko. En concreto, hasta Vizcaya llegaron 349 menores. En Guipúzcoa también se produjo un incremento (de 85 menores en 2000 a 159 en 2001). Según el Defensor del Pueblo, resulta 'difícil' prever cuál será la evolución futura de este colectivo, pero advierte en cualquier caso que, tanto por su número como por sus especiales características, exigirá una 'atención específica'.

Más quejas

En cuanto a los datos cuantitativos sobre las quejas recibidas por el Ararteko el año pasado, el informe refleja que se presentaron 1.513, lo que supone un aumento de un 22,9%. De ellas, un 11,5% las han presentado diferentes colectivos, como asociaciones de vecinos, sindicatos o grupos ecologistas. Dos reclamaciones cuentan, cada una de ellas, con el apoyo de más de 100 personas. Se trata de profesores que se han quejado del programa de euskaldunización de los docentes (conocido como Irale) y de interinos que trabajan en Osakidetza.

En un 29,16% de las quejas examinadas se ha apreciado que existía alguna irregularidad en la actuación de las administraciones. En el 90% de estos casos, la institución cuestionada rectificó. Los ayuntamientos son los que más reclamaciones generan (el 41% del total). Mientras, contra el Gobierno vasco se han presentado el 33% y contra las diputaciones forales, el 14%.