La diputada socialista Vázquez renuncia a cobrar la jubilación máxima pactada en la Asamblea

La diputada socialista Elena Vázquez ha comunicado al portavoz de su grupo en la Asamblea, Pedro Sabando, que renuncia a cobrar el complemento de pensiones establecido por la Cámara y que permite a los parlamentarios cobrar la máxima jubilación con el único requisito de haber ocupado escaño en dos legislaturas o en parte de ellas. Fausto Fernández, nuevo coordinador regional de IU, ha sido el único dirigente que ha pedido que los diputados renuncien a este privilegio. Esta semana tiene previsto reunirse con el grupo de IU para ver si rectifican el acuerdo de la Mesa de la Asamblea.

'El único argumento que puedo esgrimir para renunciar al acuerdo que nos permite cobrar la pensión máxima es que no encuentro ni un solo argumento para cobrarla'. Elena Vázquez Menéndez, diputada socialista en el Congreso en la primera y segunda legislaturas (entre 1979 y 1986), consejera de Integración Social en el Gobierno regional de Joaquín Leguina en 1987, licenciada en Psicología y trabajadora de Tabacalera desde 1963, justificaba así, a preguntas de EL PAÍS, su decisión. 'He sido incapaz', añadió, 'de explicar a familiares y amigos o a compañeros de mi agrupación por qué yo he de cobrar esa pensión cuando al resto de los trabajadores se les exigen requisitos durísimos para acceder a ella'.

Para que un ciudadano cobre el máximo de la jubilación -1.950 euros mensuales- ha de estar cotizando durante 35 años, y los últimos 15, hacerlo por el máximo de la base reguladora. El acuerdo que suscribió la Mesa de la Asamblea el pasado 18 de julio dice que con cargo a la Asamblea se complementará la pensión que le quede a los ex diputados hasta llegar al máximo legal, con el único requisito de que hayan ejercido durante dos legislaturas (un máximo de ocho años) o parte de ellas.

Vázquez reconoció que había comunicado verbalmente a su portavoz, Pedro Sabando, que renuncia a cobrar ese complemento. La conversación se produjo el pasado día 7, una vez que el grupo socialista debatiera en su seno la oportunidad de este acuerdo. En aquella ocasión, Vázquez y el diputado Antonio Carmona fueron los únicos que cuestionaron el pacto aprobado por la Mesa de la Asamblea, de la que forman parte cuatro miembros del PP, dos del PSOE y uno de IU.

'Estamos aquí porque nos han elegido los ciudadanos', dijo ayer Elena Vázquez, 'pero no creo que nos hayan elegido para esto, ni esto es lo que nos piden que defendamos'. Vázquez tiene previsto jubilarse el próximo año. ¿Tendrá la máxima pensión? 'No. No la tendré. Pero eso es lo de menos. Mi rechazo sería el mismo. Es una cuestión de principio. He estado buscando razones, argumentos que permitan explicar que este acuerdo es justo. Y no he encontrado nada. Creo que deberíamos reflexionar sobre ello', contesta.

Antonio Carmona, que en su día pidió a sus compañeros que revisaran el acuerdo, no pudo ser localizado ayer por este periódico.

Sin embargo, no parece que otros diputados vayan a seguir el camino iniciado por Vázquez. Los parlamentarios consultados han mostrado actitudes dispares. Desde quienes ven en la difusión del acuerdo una 'persecución' a los políticos hasta los que reconocen, en privado -y 'sin dar nombres, por favor'- que es un acuerdo que 'no tiene defensa alguna'. Rafael Simancas, secretario general de los socialistas madrileños, pidió el pasado lunes 'una reflexión a nivel federal para establecer, sin demagogia y con racionalidad', los derechos y deberes de quienes se dedican a la actividad pública (parlamentarios, concejales o sindicalistas).

Y Fausto Fernández, nuevo coordinador regional de IU, ha pedido a sus diputados en la Asamblea que renuncien a cobrar la máxima jubilación, al igual que ha hecho el Parlamento vasco. Fernández anunció que esta semana -probablemente, hoy mismo- se reunirá con sus compañeros de la Cámara madileña para ver la forma en que se puede dar marcha atrás en la decisión de la Mesa.

Fernando Marín, viceportavoz de IU en la Asamblea, y uno de los miembros de la Mesa que elaboró el acuerdo de pensiones, propondrá a la organización federal el estudio de un estatuto del cargo público que recoja los derechos y deberes de diputados y concejales.