Un juez archiva la denuncia del rector de la UPV contra el ex decano de Medicina

Un juez de instrucción de Getxo ha ordenado el archivo de la denuncia presentada por el rector de la Universidad del País Vasco (UPV), Manuel Montero, contra el ex decano de la Facultad de Medicina, Javier Goiriena, y la ex directora del Departamento de Estomatología por los delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas).

El juez sostiene en el auto, dictado el día 14, que 'los hechos denunciados carecen de relevancia para el Derecho Penal'. El juez no descarta, sin embargo, que sean punibles en el ámbito disciplinario de la UPV o en 'otros órdenes jurisdiccionales'. El Rectorado rehusó valorar el archivo de la denuncia porque, según explicó un portavoz, 'no ha recibido ninguna notificación oficial'.

El rector denunció ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, en septiembre de 2000 (a los seis meses de acceder al cargo), las supuestas irregularidades económicas cometidas por Goiriena y Barranquero en la gestión de Estomatología.

El rector y la acusación particular tienen tres días, una vez se les notifique el auto de archivo, para recurrirlo ante el juzgado instructor o ante la Audiencia Provincial de Vizcaya. El titular del Juzgado número 4 de Getxo sostiene que los comportamientos de Goiriena y Barranquero no encuentran encaje en los delitos denunciados (malversación de caudales públicos y prevaricación) ni tampoco 'en ninguna de las figuras delictivas previstas en el Código Penal'.

Argumenta el magistrado que 'las cuentas (...) adscritas a los cursos de especialización [los master] no pueden considerarse como caudales públicos' porque no son parte del 'presupuesto de la Universidad pública ni su destino final es el Estado o una entidad de Derecho Público'. Esas cuentas de los master, 'de las que los imputados tenían facultades para cursar órdenes de pago', según recuerda el fallo judicial, son para la 'financiación y gestión' de una actividad formativa 'que no es reglada'. Sostiene el juez que ni el ex decano de Medicina ni la ex directora del departamento de Estomatología destinaron el dinero a 'finalidades ajenas a la función pública' ni lo usaron 'con ánimo de lucro'.

Los hechos denunciados, según recoge el auto por el que se archiva la causa, eran que Goiriena y Barranquero contrataron bienes y servicios para los master con empresas en las que uno o ambos tenían participación social, que ambos recibieron retribuciones por servicios prestados en el marco de sendos convenios con el Departamento de Interior y el Ayuntamiento de Vitoria, que alquilaron un caserío donde guardaron material y mobiliario excedente de Estomatología, que contrataron a personal auxiliar y docente para el master y que costearon un acuerdo extrajudicial cuya resolución beneficiaba indirectamente a Barranquero.

El auto indica también que todos los servicios contratados se prestaron y que no consta 'ni siquiera en la denuncia' que la UPV dejara de percibir el canon del 10% de los ingresos de los master que hay que ingresar en sus arcas. Añade además el magistrado que la denuncia del Rectorado se limita a narrar unos hechos 'sin razonar una mínima conexión entre los comportamientos expuestos y la concurrencia de los elementos típicos de ambos delitos'.

El origen de la denuncia, presentada por Montero después de que el instructor de la investigación interna hallara indicios de delito, está en sendas auditorías realizadas por el servicio de control interno de la UPV y por la empresa Pricewaterhouse Coopers en 1997, durante el mandato del rector Pello Salaburu.

Montero ordenó, en marzo de 2000 (a los diez días de tomar posesión) dejar a Goiriena y Barranquero al margen de la gestión económica del departamento y la clínica de Estomatología. Ambos se encuentran de baja médica desde entonces, según confirmó una de las defensas. Unas 30 personas han prestado declaración en la causa ahora archivada ante el juzgado de Getxo.