Formación profesional

Entre los expertos y las instituciones internacionales que se ocupan del impacto social de la educación, hay unanimidad en considerar a la formación profesional como un instrumento básico para el desarrollo económico y social. En España, sin embargo, no ha tenido buena prensa ni, en general, ha contado con un claro respaldo político, excepto en algunas autonomías. El proyecto de ley que ahora se debate en el Parlamento regula la formación inicial, la ocupacional, dirigida a los colectivos de desempleados o de adultos con especiales dificultades para encontrar trabajo, y la formación continua, cuyo objetivo es la actualización profesional. Un objetivo de enorme ambición que, por lo que se está viendo en el debate parlamentario, no parece concitar las energías y los recursos que serían necesarios para alcanzarlo.

La distribución de las competencias en esta materia entre el Gobierno central y los autónomos es quizá el aspecto que ha centrado y endurecido más los desacuerdos entre las fuerzas políticas. Las autonomías se quejan, con razón, de que el proyecto de ley es demasiado centralista, cuando se trata de un sector transferido en el que la responsabilidad de aplicar la ley les corresponde íntegramente y en el que han sido capaces de poner en marcha experiencias exitosas. La negociación competencial es, con frecuencia, un engorro para quien cree tener las ideas claras y no necesitar la opinión de otros, pero no se puede obviar el hecho de que España se ha configurado como un Estado fuertemente descentralizado y, especialmente en temas como éste, las comunidades autónomas tienen un papel crucial que jugar.

Por otra parte, no parece que, ante la magnitud del problema propuesto, extremar la especialización territorial de las cualificaciones profesionales sea la respuesta, y más en un mundo en el que es esencial promover la movilidad, no sólo entre comunidades autónomas, sino en todo el ámbito europeo. Como tampoco parece un asunto trascendental el método de elección de los directores de los centros que imparten las tres clases de formación profesional. El envite al que debe responder esta ley, para allegar recursos, prestigiar este tipo de formación, estimular la participación del sector privado y facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la formación continua, requiere de un mayor esfuerzo por parte del Gobierno para llegar a acuerdos con las comunidades autónomas, oposición y agentes sociales, y así superar una situación que no es precisamente halagüeña.