Las claves del desarrollo

La cumbre de Monterrey va a ser el acontecimiento más importante en los últimos años en el ámbito de la cooperación al desarrollo.

El hecho de ser la primera cumbre internacional después del 11-S, y la presencia de más de cincuenta jefes de Estado y de Gobierno, le da una mayor trascendencia y supone una gran responsabilidad de los Estados para ofrecer una imagen de cohesión ante los problemas que nos afectan.

La preparación de la Conferencia ha sido compleja por la diversidad de actores y la amplitud de los temas. A España, por presidir la Unión Europea, le ha correspondido buscar la coordinación de la Unión y establecer cauces de diálogo con los demás participantes. Hay ya un documento común, que será sometido a la aprobación de los jefes de Estado y de Gobierno y que se ha llamado el Consenso de Monterrey. Como bien sabemos en un país en el que se ha hecho del consenso un modo de hacer política, este acuerdo supone que todas las partes hayan cedido en sus posiciones y expectativas en aras del éxito de la cita de Monterrey.

El acuerdo establece que la cooperación internacional se basa en unos principios compartidos por los donantes y por los receptores, entre los que destaca el buen gobierno, la existencia de instituciones democráticas sólidas y el Estado de derecho, con todas las implicaciones que ello supone.

Después de tantos años de transferencias de recursos a los países menos desarrollados, los países donantes se plantean la razón de que una gran parte de ellos continúen en la misma situación de pobreza y subdesarrollo. Muchos piensan que la razón del fracaso está en haber puesto el énfasis sólo en las transferencias de recursos y haber descuidado cuestiones como la corrupción de muchos de esos gobiernos y el control del destino de los recursos transferidos. Muchos países en condiciones de miseria y sin apenas infraestructura están abrumados por la deuda externa, porque el dinero que recibieron no sirvió para beneficiar al país, sino a sus corruptos gobernantes.

La consolidación de la democracia y el Estado de derecho lleva un largo proceso y no se puede exigir a países que salen de dictaduras o de enfrentamientos civiles que de la noche a la mañana dispongan de un sistema institucional sofisticado. Pero sí tiene que haber unos mínimos, unos compromisos, y unos pasos claros en esa dirección. Los valores que sustentan la democracia no pueden ser sacrificados en aras de una visión limitada del desarrollo económico. Lo que nunca puede justificarse por bajo que sea su nivel de renta es que los opositores sean encarcelados o eliminados físicamente, que se discrimine por razones étnicas o religiosas, o que la ayuda del país donante acabe en un paraíso fiscal. Por eso es tan importante cuando se habla de financiación, hablar al mismo tiempo de democracia, de buen gobierno, de control de las ayudas.

De acuerdo con el Consenso de Monterrey, los Estados desarrollados se comprometen a promover los intercambios comerciales, motor principal de toda actividad económica, y, con las condiciones de buen gobierno, a seguir aumentando la ayuda oficial al desarrollo. La UE ha trabajado activamente y ha logrado concertar posiciones con otros donantes importantes como Estados Unidos y Japón, así como con los Gobiernos de los países receptores, para alcanzar una formulación de consenso en torno a los objetivos y al calendario de los compromisos adquiridos.

A partir de aquí, se pueden alcanzar mayores logros. Me estoy refiriendo, en concreto, a las aportaciones de los países de la UE. En el Consejo Europeo de Laeken, en diciembre de 2001, los Quince acogieron el compromiso de estudiar los medios y el calendario para lograr el objetivo de Naciones Unidas del 0,7% del PNB para la ayuda pública al desarrollo. Los países europeos han aprobado alcanzar en el 2006 el 0,33% en ayuda al desarrollo, situando así la media de la UE en el 0,39%. Esto supone un importante esfuerzo para algunos países, como España, e implica continuar con un crecimiento sostenido de la ayuda por encima de la media del presupuesto, como se ha venido haciendo en los últimos años.

La Conferencia de Monterrey ofrece una gran oportunidad para reafirmar un postulado básico de la cooperación: que la democracia y el buen gobierno, el fortalecimiento institucional, el Estado de derecho, el respeto a los derechos humanos, constituyen elementos esenciales de cualquier sociedad, sin los cuales es imposible el desarrollo.

En España lo sabemos bien, y sólo cuando hemos contado con una democracia sólida, con un Estado de derecho que inspira confianza a la inversión y al comercio hemos logrado un desarrollo que nos ha permitido pasar en apenas 20 años de ser un país receptor de ayuda a estar en la cabeza de los países donantes del mundo. En nuestro caso, podemos ayudar también con nuestra experiencia.

Miguel Ángel Cortés Martín es secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica.