Interior no ha pagado las indemnizaciones por el coche bomba de Gandia

Un año después de la explosión controlada del coche bomba que ETA colocó en la playa de Gandia, cargado con cerca de 50 kilos de explosivo, la mayoría de afectados no han cobrado las indemnizaciones prometidas por el ministerio del Interior. El atentado se produjo el 18 de marzo. La onda expansiva causó desperfectos en un radio de cien metros, estimados en cerca de 1,5 millones de euros (260 millones de pesetas). Los propietarios asumieron el coste de las obras ante la promesa del Gobierno de ayudas urgentes. La mayoría de expedientes todavía no han sido tramitados.

Ocurrió la madrugada del 18 de marzo, en plenas fiestas falleras. La Asociación de Ayuda en carretera DYA recibió un aviso a las 23.30 horas de la colocación del vehículo con una bomba en las inmediaciones del hotel Riviera, en la calle La Ràbida, y alertó de que explosionaría a media hora después. La Policía Local y Nacional desalojó en quince minutos a cerca de 200 personas de locales de ocio y restaurantes ubicados frente al hotel. Un fallo en el detonador, según la policía, evitó una matanza. Cuatro horas después un equipo de expertos artificieros del Tedax de la Policía Nacional hacía explosionar el vehículo. La onda expansiva causó desperfectos importantes en los inmuebles de los alrededores.

Uno de los edificios más afectados fue el Hotel Riviera, de cinco plantas. Sólo ocho de sus 72 habitaciones se salvaron de la onda expansiva. El hotel estaba cerrado y sus propietarios preparaban las instalaciones para su reapertura al público a principios de abril. La práctica totalidad de las 13 plantas del edificio Bonaire (con 200 apartamentos), ubicado a pocos metros del lugar en el que ETA estacionó el coche bomba, sufrió daños en tallas, tabiques, ventanas y persianas, aunque fueron más graves en sus tres primeras plantas. Pero fueron los locales de ocio (un restaurante-pizzeria, un pub-discoteca y una cafetería) los más perjudicados. Otros inmuebles resultaron dañados.

Un año después, las huellas del atentado de ETA son todavía visibles. El hotel Riviera ha permanecido cerrado al público, sin que sus propietarios hicieran ninguna actuación en el edificio a la espera de decidir su futuro. En un principio se temió que los cimientos del inmueble estuvieran dañados y se especuló con la posibilidad de que fuera derruido. Los propietarios han alquilado el edificio a una importante cadena. Estos días se están realizando obras de acondicionamiento y rehabilitación del edificio, y está previsto que vuelva a abrir sus puertas el próximo mes de julio.

'La calle parecía este verano Beirut', señala José Manuel López, propietario del restaurante Il Borsalino, uno de los locales que resultó más dañado por la onda expansiva. López se apresuró a tramitar la indemnización por los daños en su establecimiento, estimados en más de 60.000 euros (10 millones de pesetas) y pidió un préstamo para acondicionar el local. Veinte días después del suceso volvía a abrir las puertas. Un año después recuerda la tensión vivida la noche del atentado, y cómo al entrar al restaurante tras la explosión controlada se percató de la tragedia que hubiera causado el coche bomba si no llega a fallar el detonador: 'Tenemos clientela muy variada y esa noche había muchas familias, niños, carricoches. Hubiera sido horrible'.

López fue afortunado. Disponía de un seguro privado en regla y a todo riesgo, y pudo cobrar las ayudas a través del Consorcio de Compensación de Seguros en pocos meses, aunque todavía espera parte de la indemnización que corresponde pagar al ministerio. Otros afectados no tuvieron tanta suerte. Tras el estallido del coche-bomba los propietarios de apartamentos en el edificio Bonaire descubrieron que el seguro, que tenía que haber costeado los daños comunes, cuantificados en unos 180.000 euros (30 millones de pesetas), no estaba en regla. Los propietarios optaron por costearse los arreglos de sus viviendas. Los que tenían la vivienda asegurada han percibido ya la indemnización. El resto siguen esperando las ayudas del Gobierno.

Pero además hubo pérdidas más difíciles de cuantificar. Los locales comerciales y de ocio perdieron clientela los días que la zona permaneció acordonada. A ello hay que sumar los sueldos a empleados. La agencia inmobiliaria Bonaire, encargada de la explotación de 40 apartamentos, no pudo alquilar ninguno hasta el 31 de julio. Las pérdidas de la empresa superaron los 69.101 euros (diez millones de pesetas), asegura el propietario, Jesús Soldevila.

Tras el atentado, el Ayuntamiento de Gandia intercedió entre el Ministerio de Interior y los propietarios, y creó una oficina de atención a los afectados. Asimismo, realojó a una treintena de personas durante los meses que duraron las obras. El ministerio asumirá el gasto de los alquileres y personal municipal y policías locales, unos 72.000 euros en total.