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CONDENADO EL EX ALCALDE DE ORIHUELA

El empresario afín al PP acapara el negocio de la basura en la Vega Baja

El empresario Ángel Fenoll Pérez, activo militante del PP de Orihuela, se ha erigido en los últimos años en un auténtico magnate del tratado de las basuras en la comarca de la Vega Baja. Desde entonces y con la aquiescencia del PP, Ángel Fenoll no sólo ha monopolizado el servicio de limpieza y recogida de basura de la mayoría de los municipios de esta comarca, a través de la mercantil, Colsur, SL, de la que es el administrador único, sino que además es propietario de los polémicos vertederos de Torremendo y La Murada, pedanías del término municipal de Orihuela.

Las dos instalaciones han motivado el rechazo frontal de los vecinos, quienes vienen convocando continuas movilizaciones para exigir su clausura. Tanto es así, que el vertedero de Torremendo sigue sin ser operativo porque los vecinos bloquean, día y noche, la entrada de los camiones. La irritación vecinal es tal que el alcalde Medina ha tenido que desalojar del pleno en dos ocasiones a los vecinos que portaban pancartas contra la 'corrupción política'.

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Los residentes en las citadas pedanías de Orihuela sostienen que se trata de plantas ilegales con un tremendo impacto ambiental para la zona. En concreto, el funcionamiento del vertedero de La Murada se remonta a hace unos diez años, y todavía hoy carece de todos los permisos preceptivos para desarrollar la actividad.

El alcalde de Orihuela asegura, sin embargo, que la planta se halla en el término municipal de Abanilla (Murcia) y, por tanto, según él, depende de ese Consistorio. Sin embargo, una sentencia judicial desmonta la argumentación del alcalde popular y da la razón a los vecinos de La Murada.

El vertedero ubicado en Torremendo, por su parte, carece de licencia de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), circunstancia que lo convierte también en ilegal.

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El PSPV denunció al alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, a quien acusa de un delito ecológico al autorizar estos vertederos que, además de ilegales, 'acarrean un riesgo para la salud pública'. Los socialistas ampliaron en enero la denuncia contra el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana.

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