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Las industrias azulejeras de Onda tienen ocho meses para poner filtros en todas las chimeneas

La localidad se adelanta a las demás en la lucha por la calidad del aire

María Fabra

Las empresas cerámicas ubicadas en el término municipal de Onda disponen de ocho meses para cumplir los requisitos que exige el protocolo firmado por el alcalde socialista de la localidad, Enrique Navarro, y el presidente de la patronal cerámica, Ascer, Fernando Diago. Pese a que ayer todo fueron halagos en una y otra dirección, la negociación del documento ha sido intensa, dado el empeño del municipio en garantizarse el cumplimiento de este protocolo para 'la reducción y el control de emisiones de polvo de la actividad de atomización en la industria azulejera'.

El documento se ha ofrecido a los otros seis municipios que integran el llamado triángulo del azulejo: Vila-real, L'Alcora, Ribesalbes, Sant Joan de Moró y Vilafamés. Diago lo dejó claro: la respuesta, los trámites y el proceso para la firma del protocolo, 'dependen en cada Ayuntamiento del color que lo gobierna'. En el caso de Onda, el presidente de Ascer destacó su valentía y su 'gran sensibilidad para abordar los problemas del sector desde hace décadas'.

El protocolo se basa en tres aspectos: la depuración y reducción de emisiones en el proceso, en el transporte y en el almacenamiento de las arcillas. En el caso de las emisiones de las chimeneas, el texto marca como fecha noviembre de 2002 para que las empresas 'tengan en funcionamiento en sus instalaciones de atomización abatidoras de polvo con capacidad para respetar el límite máximo legalmente establecido medido en el punto de emisión'. Estos filtros permitirán que la concentración de partículas sedimentables no supere los márgenes establecidos por ley desde 1975, un límite que ahora se sobrepasa en la mayoría de las poblaciones del área azulejera. Sin embargo, la emisión no es la única causa de la concentración de estas partículas ya que su presencia es mucho mayor en los espacios afectados por el traslado de las materias primas que se utilizan en el sector cerámico. Así, la reducción de emisiones en el transporte se realizará mediante el control del cierre hermético de la puerta trasera y de la bañera o recipiente de carga de los camiones. Las medidas en el transporte de arcilla y gránulo atomizado se aplicarán 'con carácter inmediato' y deberán ser las propias empresas las que expliquen las nuevas medidas a los transportistas. El Ayuntamiento será el encargado de la vigilancia y de las sanciones. El protocolo establece que el entoldado del camión debe estar debidamente colocado y no permite la circulación de vehículos con ruedas embarradas.

En cuanto a la reducción de emisiones en el transporte interno y el almacenamiento de arcillas, las empresas deberán 'de inmediato' hormigonar o asfaltar las zonas de circulación. Además, deberán limitar la actividad de carga y descarga de arcilla en los días de viento intenso y habrán de regar el entorno de las eras.

Un polvo controvertido

Desde que se hicieron públicos los datos correspondientes a la calidad del aire en algunos municipios del triángulo del azulejo, el sector ha estado en el punto de mira. Algo de lo que la industria cerámica, formada principalmente por empresas familiares, siempre ha huido. Mientras se trataba de disolver la polémica y de negar tanto los datos oficiales como los obtenidos por científicos del CSIC, entre la mayoría de los empresarios crecía el resquemor, al verse inmiscuidos en un problema que no es de todos. Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente trataba de apaciguar mientras seguía aportando datos que desvelaban la superación de los límites legales y anunciaba la disponibilidad de más medios de medición, tal como mandan las directivas europeas. Para entonces, algunos ayuntamientos, como el de Onda, ya habían empezado a trabajar para hacer posible, en principio, la reducción de emisiones de lo que se quiere calificar de 'polvo'. Las reacciones políticas han sido innumerables y coincidentes en la importancia de un tema que afecta a la salud. Ayer mismo, el diputado del Bloc Antoni Porcar no se amilanó para tratar de 'ineptos e inútiles' a los responsables de la consejería, que 'han sido un peligro público en el asunto de la contaminación'.

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