La reforma se tramitará como una proposición de ley de todos los partidos

Todos los partidos del arco parlamentario firmarán mañana una proposición de ley para que se pongan en marcha cuanto antes los juicios rápidos. Esa proposición, que tomará como base el borrador que ayer les entregó el ministro de Justicia, Ángel Acebes, se debatirá en el pleno del Congreso el próximo 9 de abril con el mandato de tramitarlo por el procedimiento de urgencia.

La pretensión declarada ayer por Acebes y por los representantes de todos los partidos es que la reforma legal que incorpore los juicios rápidos esté aprobada antes del próximo verano. A partir de ahí, según el ministro, la Administración de Justicia pondrá en marcha un plan de implantación de los juicios rápidos entre septiembre y diciembre con una dotación presupuestaria de 1,8 millones de euros (300 millones de pesetas), de los 111 millones presupuestados para modernizar la Justicia.

La reclamación de más fondos será uno de los caballos de batalla en el trámite parlamentario que comenzará mañana. El PSOE, a través de su diputado Javier Barrero, mantiene que 1,8 millones de euros es una cantidad muy insuficiente. Los socialistas temen que el Gobierno pretenda que sean las comunidades autónomas las que tengan que afrontar la factura de la puesta en marcha de los juicios rápidos. Con todo, Barrero subrayó que la puesta en marcha de los juicios rápidos es uno de los 'proyectos más queridos' por todos los grupos parlamentarios dentro del Pacto por la Justicia.

Penas menores

Todos los grupos habían reclamado una iniciativa legislativa en este sentido aunque quizá 'menos amplia' de lo que les propuso ayer el Ejecutivo. En concreto, pensaban en este nuevo procedimiento inmediato para delitos castigados con penas de menos de tres o cuatro años.

El problema que destacaron prácticamente todos los partidos de la oposición con la ampliación de los delitos enjuiciables por la vía rápida hasta los castigados con nueve años de prisión es que puedan ponerse en peligro las garantías para los procesados. Por ejemplo, la diputada del PNV Margarita Uría reclamó que se pida un informe a la Fiscalía para analizar que no pueda violarse el derecho de defensa. Uría también expresó su preocupación por si pueden ser excesivas las medidas cautelares previstas en los delitos contra la seguridad del tráfico.

La protección de las mujeres en los delitos de violencia doméstica, uno de los objetivos más claros de esta reforma legislativa, preocupa especialmente a Izquiera Unida y a Convergència i Unió. El diputado de CiU Manel Silva destacó ayer que, en el trámite de enmienda, buscará consensuar medidas de alejamiento del agresor de su víctima para delitos de violencia contra las mujeres que no impliquen el encarcelamiento del atacante.