El Gobierno permitirá tramitar adopciones en más de un país

El Gobierno regional ha confeccionado un decreto para regular la actividad de las agencias de adopción internacional, que sustituirá a la normativa vigente desde 1996. El 75% de las adopciones de niños en Madrid se tramita a través de estas agencias. Un millar de familias madrileñas esperan en estos momentos un prohijamiento. El nuevo reglamento del Ejecutivo regional permite abrir expedientes en dos países cuando en uno de ellos surjan problemas legales. El tiempo máximo para resolver estos expedientes se establece en dos años.

Esperanza García, gerente del Insituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF), afirma que este nuevo decreto, que derogará la vigente legislación sobre adopciones, persigue un doble objetivo: homologar la actividad que desarrollan las 13 agencias que actúan hoy en la Comunidad y atajar los problemas que han surgido en los últimos años como consecuencia del aumento de las adopciones internacionales. O lo que es igual, evitar que los expedientes se alarguen indefinidamente en el tiempo y, paralelamente, garantizar la solvencia de estas asociaciones.

Durante el pasado 2001, los madrileños presentaron un total de 1.067 solicitudes de adopción en el extranjero, frente a las 694 del año 1996 y a las 917 de 2000. Para solicitar un niño en adopción, el primer paso es pedir a la Comunidad un certificado de idoneidad y, conseguido éste, lo habitual es acudir a una de estas agencias para que se encarguen del resto de los trámites.

Las peticiones de adopción resueltas han aumentado en los últimos años, pasando de las 154 de 1996 a las 760 de 2000. Las cifras, sin embargo, han sufrido un retroceso durante el año 2001, ya que, si bien el número de solicitudes se mantuvo, los expedientes resueltos bajaron a 574. Este descenso, según Esperanza García, se debe a las restricciones establecidas en esta materia en países que hasta ahora encabezaban las listas de ofertas de adopción. Uno de estos países es Rumania, que el año pasado interrumpió la tramitación de adopciones internacionales. Otros, como China, Perú, Guatemala y Rusia, también han establecido restricciones.

En estos momentos se calcula que unas 1.000 familias residente en la Comunidad de Madrid se encuentran esperando la llegada de un hijo en adopción.

Preferencias

Las limitaciones establecidas en los países de origen de los niños han provocado el desánimo de los solicitantes. Hasta ahora, las normas de la Consejería de Servicios Sociales impedían iniciar expedientes simultáneos en distintos países. De tal manera que si un país cerraba momentáneamente las fronteras a las adopciones, los expedientes iniciados en él se paraban y los solicitantes no podían iniciar los trámites en otro país distinto. El nuevo decreto abre la posibilidad, cuando un país detenga un proceso de adopción, de que los afectados envíen su solicitud a otro.

Esperanza García destaca que las preferencias de los madrileños a la hora de elegir el país de procedencia de los niños está condicionada sobre todo por el tiempo que dura el proceso, y que suele establecerse entre año y medio y dos años.

El nuevo decreto está siendo analizado por las diferentes consejerías del Gobierno regional implicadas en el ámbito de la adopción internacional. Hecho esto, será remitido para su debate tanto a las organizaciones sociales como a los grupos de la Asamblea de Madrid. El Gobierno prevé que la norma pueda estar aprobada antes de que termine este año. Este decreto ha sido ya analizado por la comisión interautonómica. 'En Cataluña ya está en vigor una norma similar; y en otras Comunidades, como Castilla y León, Galicia y Valencia, se están redactando otros similares', señaló Esperanza García

La nueva norma prolonga el plazo de la acreditación a cada centro de uno a dos años, aunque la renovación se condiciona a una evaluación que certifique si el resultado obtenido es el adecuado. Se entiende, por parte de la Administración regional, que el plazo medio de tiempo para resolver una adopción debe ser de dos años. También se establece mediante un cuestionario único la fórmula de pago de los futuros padres a las asociaciones que tramitan las adopciones. 'Los trámites suelen costar entre 4.207 y 15.025 euros', señala García. 'A partir de ahora, el reglamento establece que el 60% de esta cantidad se pagará al iniciar el expediente; el 20%, cuando se haga la preadopción, y el otro 20%, cuando llegue el niño'.

El Gobierno regional exigirá a cada agencia que tenga un médico y que aumente su plantilla cuando crezca el número de expedientes para que presten una correcta atención a los futuros padres adoptivos.