Patrimonio en riesgo de extinción

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia catalogó como edificios protegidos un total de 42 inmuebles y decidió que su uso debía ser el de equipamiento público. En el verano de 2000 la Corporación, a instancias de la oposición socialista, aprobó la creación de una comisión encargada de estudiar los usos futuros de estos edificios y dar prioridad a las actuaciones necesarias para que los inmuebles pasasen a ser propiedad municipal. La comisión casi dos años después sigue sin constituirse y los edificios han seguido su lento pero inexorable deterioro en la mayor parte de los casos, convirtiéndose en un patrimonio en vías de extinción.

Aunque el Ayuntamiento que preside la popular Rita Barberá ha recuperado algunas alquerías importantes, que ahora albergan con todo su esplendor centros sociales o bibliotecas, lo cierto es que la mayoría de los 42 inmuebles protegidos y catalogados como de uso público han ido languideciendo. Una situación, a veces paradójica, si se tiene en cuenta que el equipo de gobierno ha comprado o alquilado locales para colocar servicios municipales en algunos lugares próximos a los inmuebles protegidos.

El equipo de gobierno no quiere comprar los edificios sin determinar previamente su uso

Alquerías, naves industriales, cárceles, casas y una ermita integran la lista

En la relación de edificios protegidos figuran un buen puñado de alquerías, algunas de ellas con un importante valor arquitectónico; una ermita, las instalaciones de la cárcel Modelo y la cárcel de mujeres; naves industriales y viviendas, algunas de ellas con jardines.

Ante la pasividad municipal, de la relación de 42 inmuebles protegidos y catalogados para servicio público, dos ya han desaparecido (en los barrios de Torrefiel y Malva-rosa), cuatro han sido acondicionados como viviendas particulares; unos pocos tienen usos dispares (casal fallero, garaje, guardería) y la gran mayoría están vacíos en un estado de progresivo deterioro. En todo este tiempo, de la relación de 42 inmuebles sólo la alquería del Moro, que forma parte de la ampliación de Benicalap, ha logrado la declaración de bien de interés cultural tras las denuncias y presiones de conservacionistas y vecinos. El futuro de la antigua cárcel Modelo de Valencia está a expensas del desarrollo del proyecto de la Generalitat para su rehabilitación y reconversión en oficinas de la Administración autonómica, que todavía está en fase de aprobación.

Fuentes del equipo de gobierno municipal aseguran que una de las medidas adoptadas ha sido revisar el valor de estos edificios, especialmente las alquerías, y adquirirlos y rehabilitarlos en función de las necesidades municipales. Estas fuentes explican que no tendría ningún sentido lanzarse a comprar todos estos inmuebles sin saber qué uso se les va a dar, así que lo que se procura es que sus propietarios los tengan en condiciones adecuadas y no se actúa hasta que alguna delegación reclama nuevas instalaciones para sus servicios.

La falta de recursos económicos por parte del Ayuntamiento de Valencia para expropiar estos inmuebles y rehabilitarlos como equipamiento público no es la única explicación a la actual situación. La Corporación, gobernada por el PP, ha renunciado a utilizar el registro municipal de solares y edificios a rehabilitar, que hubiese permitido la inclusión de los inmuebles dentro de las programas de actuación integral (PAIs) y, por tanto, la posibilidad de que la iniciativa privada rehabilitase edificios para uso público a cuenta de los derechos que recibe el Ayuntamiento con la urbanización. Fuentes del grupo socialista municipal señalan que algunos propietarios de inmuebles protegidos, pero francamente deteriorados, habrían instado al Ayuntamiento de Valencia a expropiarles la propiedad de conocer que tienen legalmente esa posibilidad.