Por favor, tómense en serio la FP

Cualquiera que se asome a los numerosos informes, estudios, documentos, pronunciamientos y/o recomendaciones de las principales instituciones europeas relacionadas con la formación profesional (particularmente, las Direcciones Generales XII y V de la Comisión Europea, el Cedefop, la European Training Foundation...) advertirá inmediatamente la unánime significación que tales instituciones atribuyen a este tipo de formación: la FP constituye un instrumento decisivo para facilitar a los individuos el ingreso, el mantenimiento y/o la progresión en el mercado laboral, para hacer más competitivos a los sectores productivos (y, por ende, a las economías nacionales) y para promover la cohesión social, al procurar una mayor igualdad de oportunidades para los colectivos con más dificultades de acceso al mercado laboral.

Al hilo de estos tres grandes objetivos que caracterizan a la FP, las instituciones europeas están actualmente debatiendo y realizando propuestas y recomendaciones -así como requiriendo soluciones y medidas a los Estados miembros- sobre aquellas cuestiones que, se supone, deben contribuir a la implementación de estos objetivos; principalmente, sobre:

- La formación profesional de los jóvenes en búsqueda del primer empleo (particularmente, de los que carecen de cualificación alguna).

- La actualización y/o recualificación de la población activa mayor de 45 años con riesgo de perder el empleo o en situación de paro (no parece sensato -ya no sólo por interés de los individuos, sino también del conjunto del sistema socioeconómico- desaprovechar, 15 o 20 años antes de su jubilación, el potencial para el empleo de población activa con acreditada experiencia laboral).

- La formación y cualificación de otros colectivos con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral.

- La extensión y generalización entre la población activa de la cultura de la 'formación continua' o 'formación a lo largo de toda la vida', así como el desarrollo y ampliación de ofertas de formación continua para la población activa y la facilitación de su acceso a ella (particularmente, en las pymes).

- La elaboración de nuevas metodologías (esto es, de procesos de enseñanza-aprendizaje adaptados y aptos para la población adulta) que hagan efectivo y eficaz el objetivo del aprendizaje permanente.

- El incremento de la inversión de las empresas en formación.

- El establecimiento de sistemas de acreditación que reconozcan el aprendizaje y las cualificaciones adquiridas informal o no formalmente, para incentivar el progreso en la formación y en la cualificación de la población activa.

- La optimización de los actuales recursos formativos y la generación de nuevos recursos (rompiendo las tradicionales fronteras artificiales entre formación teórica y práctica, formación académica y profesional, formación formal y no formal) para atender las crecientes necesidades formativas derivadas de los cambios tecnológicos y su consiguiente efecto en la evolución de las cualificaciones.

- La transparencia y coherencia de los sistemas de cualificaciones, para dirigir la oferta hacia las cualificaciones requeridas, orientar a la demanda en la elección de cursos formativos y ocupaciones y, en fin, dinamizar y hacer realmente útiles los servicios formativos...

Que en la anterior relación no se haya hecho mención a la formación profesional inicial no supone, en absoluto, que dicha cuestión haya desaparecido de la agenda de las instituciones europeas. Pero sí es cierto que la imparable generalización de la cultura de la formación a lo largo de toda la vida (o formación permanente) ha redefinido el significado determinante que tenía tradicionalmente la formación profesional inicial; y que, sobre todo, la práctica totalidad de los Estados miembros de la Unión Europea acaban de reformar sus sistemas de formación profesional inicial, por lo que puede considerarse que esta cuestión ha recibido un tratamiento adecuado y en estos momentos no constituye un objeto de atención prioritaria para las instituciones europeas. En efecto, España también acaba de reformar su sistema de FP inicial a través de la LOGSE, aprobada en 1990; y, aunque todavía es pronto para hacer un balance riguroso de esta reforma (cuya implantación generalizada aún no ha concluido), no parece que sus primeros resultados sean insatisfactorios.

En definitiva, sin que la FP inicial deje de ser una cuestión objeto de interés para las instituciones europeas competentes en FP, parece evidente que los problemas y preocupaciones prioritarios de Europa se centran en lo que en nuestro país se conoce como formación profesional ocupacional (FPO) y formación continua (FC).

En este contexto, el Gobierno acaba de aprobar un proyecto de ley sobre la FP. En estas mismas páginas (EL PAÍS, 23-IV-2001) tuve oportunidad de valorar un anteproyecto de esta ley, prácticamente idéntico al proyecto aprobado. Y sigo considerando que el actual proyecto reproduce -sin que medie análisis alguno sobre su inexplicado incumplimiento- enunciados y objetivos que ya fueron aprobados por el propio Gobierno hace cuatro años, en el II Programa Nacional de FP; y que -lo que resulta más grave- sigue sin crear o establecer los mecanismos e instrumentos que ofrezcan garantías de que esta vez se cumplirán.

Dicho esto, el proyecto pasa de puntillas o ni siquiera alude a las principales cuestiones (arriba mencionadas) que en relación con la FP se están abordando actualmente en los foros institucionales de la UE. Lo más preocupante es que no es sólo el Gobierno el que pasa de puntillas.

Por expresarlo de un modo más gráfico y directo: ¿cree realmente el Gobierno que el actual Plan FIP y los Certificados de Profesionalidad atienden de forma eficaz y efectiva las demandas de cualificación de los jóvenes no cualificados en busca del primer empleo, de los mayores de 45 años en situación de desempleo y de otros colectivos con especiales dificultades de inserción laboral? ¿Qué medidas u objetivos hay en el proyecto de ley destinados a facilitar la incorporación de las pymes a la formación continua, o a inducir la inversión de las empresas en formación, o a establecer un auténtico sistema de aprendizaje permanente para la población activa?

Por su parte, ¿cree realmente la oposición que el problema fundamental de este proyecto de ley reside básicamente en la FP gestionada por el sistema educativo y, particularmente, en el procedimiento de nombramiento de los directores de los centros integrados? ¿Se parece en algo la movilización de opiniones contra la LOU (promovida legítimamente por la oposición) al desierto de manifestaciones 'opositoras' que han acompañado la elaboración del proyecto de ley de la FP?

Por otro lado, el tímido -pero cómplice- asentimiento de los agentes sociales al proyecto de ley, ¿significa que están de acuerdo con el actual grado de regulación de la formación continua y del derecho a la formación de la población activa?; ¿supone que consideran que existen suficientes incentivos para inducir la inversión de las empresas en formación y/o que los recursos formativos del actual sistema de formación continua son suficientes para atender las necesidades de formación de toda la población activa ocupada, particularmente de las pymes?

En fin, ¿consideran realmente las CC AA -que, lógicamente, ya que a ellas les corresponde la gestión efectiva de la FP Reglada y Ocupacional, reclaman un cierto protagonismo en la implementación del sistema de cualificaciones profesionales (si alguna vez llega éste a desarrollarse)- que el problema fundamental del proyecto de ley es sólo un problema de delimitación de competencias? Y, puestos a hablar de competencias, ¿por qué no reclaman las CC AA participar en la gestión de los fondos públicos que se destinan a programas de formación continua en sus respectivos ámbitos territoriales?

Y, ¿por qué no decirlo?, quienes también han pasado de puntillas por el proyecto de ley han sido los medios de comunicación. La recién aprobada ley universitaria (LOU) fue capaz de generar, durante su tramitación, ríos de tinta impresa en la práctica totalidad de los medios de comunicación. Y entiendo que ello fuera así, ya que esta ley iba (va) a tener una incidencia efectiva en la formación y cualificación de aproximadamente un millón y medio de ciudadanos. Lo sorprendente y preocupante es que el actual proyecto de ley sobre la FP sólo arañe un puñado de párrafos en algún medio de comunicación, cuando su objeto es la formación y cualificación de más de quince millones de ciudadanos.

Además de las declaraciones enfáticas sobre la FP que unos y otros pronuncian periódica y recurrentemente, ¿interesa realmente a alguien mejorar nuestra FP? Por favor, tómensela más en serio.

Francisco de Asís Blas es profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid.