Las residencias para los discapacitados serán gratis

El presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer que, desde ahora, los centros de atención para discapacitados (un total de 5.800 plazas) serán gratuitos, algo a lo que su Gobierno se negaba pese a las demandas de la oposición y las asociaciones. El sistema de tarifas aprobado hace un año para estos servicios, que levantó protestas entre los afectados, queda así derogado. La Comunidad dedicaba ya este año 78 millones de euros a estos centros y aportará otros 2,4 millones (que obtendrá de las plusvalías logradas con la venta del terreno para el futuro casino de Aranjuez).

Ruiz-Gallardón niega que su Gobierno haya reculado. 'Pensábamos decretar la gratuidad de los centros a partir del 1 de marzo de 2003 y lo que hemos hecho es adelantarnos', explicó. Sin embargo, hace dos semanas, la consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez, defendió en la Asamblea el sistema de precios que, tras ser acordado hace un año con las asociaciones de afectados, levantó polémicas porque tenía en cuenta la renta familiar del discapacitado, y no sólo su pensión.

Martínez manifestó que sería 'injusto' que los disminuidos con familias de elevados ingresos no pagasen en las residencias, cuando, además, perciben una pensión del Estado. La oposición y las asociaciones de padres le replicaron que los centros para disminuidos son servicios básicos, como la educación o la sanidad, que deben ser gratuitos, y añadieron que donde se debe gravar a los más ricos es en la declaración de la renta.

Desde ahora serán gratuitas 1.322 plazas de residencias, 785 de centros de día y 3.614 de centros ocupacionales (el 94% para psíquicos). Tampoco se pagará el transporte y el comedor. La mayoría de estos centros están regidos por asociaciones de padres, integradas muchas de ellas en la Federación Pro Personas con Retraso Mental (Feaps), y 1.400 son públicas.

PSOE e IU se mostraron satisfechos de que la Comunidad haya atendido sus demandas 'después de año y medio'. 'La consejera nos ha llamado irresponsables para, al final, hacer lo que le pedíamos', asegura el diputado socialista Eduardo Sánchez-Gatell. Caridad García, de IU, destaca que 'el Gobierno se haya dado cuenta de que es absurdo crear un conflicto para recaudar sólo 2.400.000 euros de las familias'.

La coordinadora de padres de disminuidos en centros públicos vive el cambio de postura del Gobierno como un éxito propio, porque es el único grupo que, con ayuda de la oposición, ha mantenido su rechazo al sistema de precios hasta el final. Según José Manuel Llovet, uno de sus portavoces, 'han ganado los discapacitados y sus familias porque se les ha reconocido un derecho'. La mayoría de estos centros públicos ya eran gratuitos y querían seguir así. Feaps, que inicialmente se opuso al sistema de tarifas, aunque luego lo firmó, también está satisfecha. Gabriel Castañón, su secretario, afirma que su objetivo era también la gratuidad. 'Firmamos el acuerdo porque necesitábamos financiación para nuestros centros, no podíamos seguir dependiendo de subvenciones', dice.

Los precios derogados se fijaban según la renta per cápita familiar (ingresos netos divididos entre 12 meses y entre los miembros de la familia). Por una residencia se abonaba el 75% de esa renta; y el 37,5% por un centro ocupacional. Ningún discapacitado pagaba una cuantía superior a la de su pensión o al dinero que sus padres deducen por él del IRPF. Estaban exentos quienes tuviesen una renta per cápita mensual inferior a 50.001 pesetas (300 euros).