Dieciséis meses de polémica

Las tarifas de los centros de discapacitados que ayer decidió derogar el Gobierno regional han estado vigentes poco más de un año. Pero en 16 meses han dejado atrás un reguero de complejas gestiones, tensas asambleas de afectados, agrios debates parlamentarios y cinco manifestaciones de protesta.

La alarma saltó en noviembre de 2000, cuando la Consejería de Servicios Sociales escribió a los padres de discapacitados psíquicos informándoles de que, desde el 1 de febrero de 2001, les cobraría el 75% de la renta per cápita familiar por la residencia de sus hijos y el 37,5% por el centro de día.

Hasta ese momento la situación era variopinta: en los centros de gestión pública los discapacitados no pagaban nada o abonaban una parte de su pensión; en los privados, creados por familiares de afectados ante la falta de plazas públicas, las condiciones variaban de unos a otros. El nuevo sistema de precios pretendía convertir esta amalgama en una red única de atención, tal y como establece el Plan de Acción de la Discapacidad (1999-2002).

Pero la decisión del Gobierno regional despertó el rechazo del colectivo más afectado: el de los discapacitados psíquicos. La Federación Pro Personas con Retraso Mental (Feaps), que agrupa a 80 asociaciones, estaba en contra del nuevo modelo de tarifas, aunque en un principio algunos de sus directivos se manifestaron a favor organizando un gran revuelo.

A finales de enero de 2001, un millar de discapacitados se concentró delante del Gobierno regional, en la Puerta del Sol, reclamando la gratuidad de estos servicios por considerar que sus destinatarios son personas con grandes dificultades que les afectan a toda su vida. Pero, si eso no era posible, al menos exigían que los precios no se aplicasen en función de la renta familiar del discapacitado, sino de su pensión.

Finalmente, el 15 de febrero de 2001, la Consejería de Servicios Sociales decidió mantener su plan, aunque con matices, y se comprometió a que ningún disminuido pagaría una tarifa superior a su pensión o al dinero que su familia deduce del IRPF por su minusvalía. También dejó exentos de pago a quienes tuviesen una renta per cápita inferior a 300 euros.

Feaps, interesada en concertar sus plazas con la Comunidad para no seguir sometida a las subvenciones, más inestables, firmó el acuerdo en medio de una fuerte división interna.

Pero los padres de los 1.400 discapacitados asistidos en centros públicos nunca se sintieron representados en el pacto. De hecho, se negaron a presentar los documentos de sus hijos solicitados por la Comunidad para fijarles el precio a pagar. Y son ellos los que, apoyados por PSOE e IU, han mantenido la protesta hasta el final, recurriendo la medida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y organizando caceroladas en la Puerta del Sol, frente al despacho de Ruiz-Gallardón.