El Congreso rechaza una proposición del Parlament para imponer una tasa municipal a las eléctricas

El pleno del Congreso de los Diputados rechazó ayer la propuesta del Parlament para reformar la Ley de Haciendas Locales de forma que los ayuntamientos pudieran cobrar a todas las empresas eléctricas que operan en su municipio el 1,5% de sus ingresos brutos.

La toma en consideración de esa proposición de ley del Parlament, que pretendía actualizar la tasa por la utilización privativa o los aprovechamientos especiales en el suelo y el subsuelo y el vuelo de las vías públicas municipales, fue rechazada por los votos del Partido Popular. La propuesta, defendida ante el pleno del Congreso por los miembros del Parlament Carles Puigdomènec (CiU), Cristina Viader (PSC) y José Luis López Bulla (IC-V), se aprobó el pasado mes de noviembre con la única abstención del PP, informa Efe.

La iniciativa señalaba que la liberalización del suministro eléctrico ha comportado en los últimos años que un número cada vez más elevado de ayuntamientos haya dejado de ingresar la tasa del 1,5% al permitirse el acceso de nuevas empresas, básicamente distribuidoras o comercializadoras. De esta forma, al aparecer sociedades únicamente distribuidoras o comercializadoras que utilizan las redes de la empresa matriz para vender energía eléctrica, los ayuntamientos han pasado a desconocer la facturación de toda la energía suministrada a la red que afecta a su municipio para poder cobrar así la tasa. Por este motivo, el Parlament proponía modificar la ley para obligar a las empresas titulares de la red a comunicar a los ayuntamientos los datos de facturación de las otras empresas que distribuyen o comercializan la electricidad y poder cobrar la tasa. En su defensa de la proposición, Puigdomènec aseguró que el objetivo de ésta no era 'imponer un nuevo tributo', y que suponía 'una modificación que ayudaría a la financiación de todos los municipios'; Viader recordó que esa modificación habría supuesto un beneficio para los ayuntamientos, y López subrayó que responde a un 'justo planteamiento del municipalismo español'. El portavoz del PP en el debate, Jordi de Juan, explicó el voto en contra de su grupo argumentando que la iniciativa del Parlament supone 'una distorsión fiscal al proceso de liberalización'.