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El Gobierno violó la ley al no presentar sus presupuestos en 1999, dice el TVCP

Euskadi terminó el ejercicio con un remanente de tesorería de 69.574 millones de pesetas

El País

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) considera que el Gobierno vasco incumplió la ley al no presentar ante el Parlamento en 1998 el proyecto de Presupuesto para el año siguiente. El primer Gobierno del lehendakari Ibarretxe se constituyó tras las elecciones del 25 de octubre de 1998 y en el junio siguiente decidió presentar tan solo una Ley de Medidas Complementarias. En el informe de la Cuenta General de la comunidad autónoma en 1999, el TCVP señala también que el Gobierno terminó ese ejercicio con un remanente neto de tesorería de 69.574 millones de pesetas.

El primer Gabinete Ibarretxe decidió no presentar al Parlamento presupuestos en 1999. Una decisión similar a la que tomó en otoño de 2000 para las cuentas del pasado año, al no tener garantizada la mayoría necesaria para sacarlo adelante en el parlamento. En pleno periodo de tregua, Ibarretxe pactó con Euskal Herritarrok una Ley de Medidas Complementarias, que aumentó la capacidad de gasto en 38.154 millones de pesetas, un 5% sobre la el Presupuesto prorrogado de 1998.

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas considera que la decisión política del Ejecutivo no es correcta, ya que a su juicio, el Decreto legislativo que refunde las disposiciones legales vigentes sobre Régimen Presupuestario en Euskadi exige al Gobierno presentar todos los años un proyecto de Presupuestos. En sus alegaciones, el Ejecutivo discrepa con esta interpretación. La Ley de Medidas Complementarias, tramitada por el procedimiento de urgencia y en lectura única, fue aprobada por PNV, EA y EH y rechazada por toda la oposición.

Esta situación tiene un cierto paralelismo a la que se produjo en 2000, tras la ruptura del pacto de legislatura con EH. En ese momento, y en un clima enfrentamiento entre nacionalistas y no nacionalistas, Ibarrtexe optó por no presentar presupuestos. La oposición acusó entonces al Gobierno de incumplir la ley.

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Más allá de la polémica presupuestaria, el informe recoge los datos económicos positivos que se vivieron ese año. El ejercicio se cerró con un superávit de 18.149 millones de pesetas, que, añadido a los disponibles de años anteriores, fijó el remanente general de tesorería (superávit acumulado) en 107.559 millones de pesetas, más de un 10% del presupuesto. Este excendente provino en su mayor parte de la superación de las previsiones de recaudación por los impuestos concertados.

El tribunal estima que, dada la magnitud de esta cifra, el Gobierno debería incluirla al detalle en el momento de presentar la liquidación de los Presupuestos ante el pleno del Parlamento. Según se explica en el informe, el remanente real, una vez descontadas las reservas para contingencias y pleitos pendientes, fue de 69.574 millones de pesetas.

A 31 de diciembre de 1999, los derechos reconocidos al Gobierno y pendientes de cobro ascendían a 57.793 millones de pesetas, de los que se considera de muy dudoso cobro 20.954 millones de pesetas procedentes de préstamos incobrables por 1.196 millones de pesetas, reclamaciones por avales de los planes de desarrollo industrial y sanciones de tráfico por 3.547 millones de pesetas.

En su fiscalización, el Tribunal de Cuentas, constata una clara mejoría de la situación financiera, debido al incremento de los ingresos corrientes y una reducción de la deuda viva. El gasto de personal se incrementó en 1999 en 23.381 millones de pesetas, un 13% más que el año precedente. Esta alza se debe tanto al incremento de los salarios, como al aumento en 299 personas de la plantilla de la Administración vasca y a la inclusión como gasto presupuestario de las diferencias por complemento de destino que se reconoció judicialmente al personal docente no universitario en el periodo 1994-1999.

Pese a las salvedades señaladas, el informe concluye que 'la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi ha cumplido razonablemente, en el ejercicio 1999, la normativa legal que regula su actividad económico-financiera'.

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