Plan energético mojado

El documento de política energética que el Ministerio de Economía ha enviado al Congreso difícilmente puede considerarse como un plan estructurado. Se limita a encadenar objetivos de producción y demanda de energía hasta el año 2010, sin explicar nunca las razones de la estructura y distribución energética que se pretenden. Por ejemplo, se considera que en un marco global de crecimiento de la demanda energética del 3,4% anual, la demanda eléctrica crecerá el 3,7%; que el gas pasará a representar el 22,5% del consumo final de energía en 2010 (ahora es el 12,2%), y que la producción nuclear quedará congelada en su nivel actual, lo cual equivale a reducir su importancia relativa en el balance energético.

Estas tres predicciones, junto con la disminución paulatina de la producción energética derivada del carbón, constituyen las vigas maestras de estas propuestas. Pero, tal como están concebidas, su utilidad es dudosa. Cualquier previsión u objetivo debe responder a una lógica económica interna, a una orientación política y a una ordenación de prioridades. En el texto no hay nada de eso. Se privilegia el gas y se reduce el carbón porque ésa es la línea de menor resistencia; pero no se dice quién realizará el esfuerzo de gasificar el país, qué inversiones se aplicarán o cómo se financiarán. Quizá tampoco podría decirlo el Gobierno aunque quisiera; porque, debido a la falsa liberalización de los mercados energéticos que ha ejecutado, todavía mantiene suficiente capacidad de intervención en las empresas como para asustar a los inversores potenciales en redes de distribución, pero demasiado poca para obligar a las empresas que controlan los mercados a comprometer las inversiones necesarias.

En relación a la energía nuclear, el Gobierno ha preferido guardar silencio y acogerse a la comodidad de que las cosas continúen como están. Contrasta con el debate reabierto en otros países, en particular por los partidos conservadores, favorables a revisar los criterios que llevaron a su abandono. El documento se queda en un texto impreciso, redactado sin convicción, como quien cumple un enojoso trámite. El Gobierno no parece dispuesto a que un compromiso de programación energética, que obligaría a imponer criterios globales y arbitrar inversiones auténticas, enturbie las relaciones que mantiene con las grandes empresas energéticas, que le permiten adoptar decisiones arbitrarias al margen del mercado. Es papel mojado.