CC OO pide control ante el desvío de médicos a centros concertados

CC OO exige a la Generalitat un plan de inspección para detectar a los facultativos que simultanean su trabajo en la sanidad pública y en la privada, denuncia que el 'descontrol interesado' de Sanidad sobre la actividad de los médicos obedece a un interés 'premeditado' del PP por desmantelar el sistema público, y pide que se aplique un fallo del Supremo que declaró ilegal la compaginación de ambas actividades.

La aplicación del fallo emitido por el Tribunal Supremo en junio de 2001 cuestionaría la legalidad de la mayoría de facultativos de la Comunidad que actualmente simultanean su trabajo en la sanidad pública y privada.

La Consejería de Sanidad no solamente no realiza ningún control sobre los médicos que trabajan en la sanidad privada, sino que 'potencia' el desvío de los trabajadores de la sanidad pública a los centros adscritos al plan de choque, denuncia CC OO. Los datos corroboran esta crítica: el crecimiento del gasto destinado al plan de choque -desvío de pacientes de la red pública a la privada- sigue una tendencia al alza desde su puesta en funcionamiento en 1996. Los 1.859 millones de ese año pasaron a 1.452 en 1997, y a 2.739 en 1998. Sanidad recortó el gasto el año siguiente, pero el presupuesto se disparó en 2000 hasta 2.805 millones.

El sindicato censura la política sanitaria del PP por incentivar a los facultativos a que abandonen la dedicación exclusiva al sistema público, 'incumpliendo la Ley de Incompatibilidades'. El responsable de Sanidad de CC OO en la comarca de L'Alacantí, Salvador Roig, fundamenta esta denuncia en los siguientes datos. En 2000, solamente 1.764 médicos de una plantilla global de 4. 067 facultativos del sistema valenciano, contaban con la dedicación exclusiva. Esto significa que menos de la mitad de los médicos del Servicio Valenciano de Salud (SVS) -un 43%- circunscribe su actividad al sistema público.

Para el sindicato CC OO del País Valenciano, los pasos de la Generalitat hacia la privatización son claros. El sindicato critica que los planes Exprés y Optimus, diseñados por el PP para incentivar la actividad en los hospitales públicos en la lucha contra las listas de espera, quedaron en un simple anuncio hace un año y a fecha de hoy todavía 'permanecen inactivos'.

El fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo que sienta jurisprudencia analiza el caso de una enfermera que trabajaba en el Servicio de Nefrología de un hospital público de la Comunidad de Madrid y pretendía compaginar su tarea con actividades en la unidad de hemodiálisis en un centro concertado con la Seguridad Social.