Anticorrupción investiga a militares por la compra de chalecos sin antiinfrarrojos

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación para determinar si hubo tráfico de influencias y negociación prohibida de funcionarios en la adjudicación de 20.000 chalecos de combate que carecen de protección IR contra aparatos de visión infrarroja y con los que se ha equipado a las tropas españolas en Afganistán.

La iniciativa de la fiscalía se suma a una investigación interna abierta en el Cuartel General del Ejército por orden de Federico Trillo-Figueroa, ministro de Defensa, y que aún no ha concluido, según fuentes de Defensa.

Este ministerio gastó 2.085.512 millones de euros (unos 347 millones de pesetas) en un concurso público que se adjudicó a la empresa Yuma, S.A, de Zaragoza, cuya propuesta era la más cara y rechazó otras ofertas que incluían IR y costaban 552.931 euros (92 millones de pesetas) menos. Con el mismo presupuesto, Defensa podía haber adquirido 7.386 chalecos más de los obtenidos.

El pliego de prescripciones técnicas del concurso no exigía IR, un tratamiento que según Trillo no es necesario para la seguridad de los soldados, pero con el que cuenta todo el material militar. Pese a la opinión del ministro, Defensa acaba de sacar a concurso otros 15.000 chalecos con protección antiinfrarrojos.

Yuma S.A es propiedad de varios socios, entre ellos la familia Benedi, que hasta hace poco tenía la mayoría del capital y ahora detenta alrededor del 30% de la compañía. María Rosario Benedi Pérez, jefa de compras de la sociedad, está casada con el coronel José Martínez Nasar, secretario técnico de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército. El militar señala que no tiene nada que ver con ninguna adjudicación y la empresa niega que haya tráfico de influencias.