Alemania y la República Checa reabren las viejas heridas de guerra

La legislación checa de 1945 sobre la minoría alemana expulsada del país sigue vigente y podría entorpecer la ampliación de la UE. Una de las muchas tragedias acarreadas hace ya más de 57 años por el nazismo irrumpe de nuevo en la política europea: la expulsión y expropiación al final de la II Guerra Mundial de cerca de tres millones de alemanes residentes en los Sudetes, región limítrofe con Alemania en la entonces Checoslovaquia.

Los correspondientes decretos de 1945 siguen vigentes y se desconoce qué sucederá con ellos una vez que la República Checa ingrese a la Unión Europea. Esto ha abierto una aguda polémica entre el Gobierno y la oposición checa, Hungría, Austria y Alemania. Los ánimos están tan caldeados, que el canciller alemán, Gerhard Schröder, confirmó ayer que ha decidido cancelar un viaje a Praga, previsto para finales de marzo.

Tras años de relativa calma, el debate sobre la cuestión de los Sudetes volvió a aflorar por las polémicas declaraciones del primer ministro checo, el socialdemócrata Milos Zeman, quien en enero declaró que los alemanes sudetes fueron la 'quinta columna de Hitler' y por eso su expulsión constituyó un castigo relativamente 'leve'. Las palabras de Zeman, pronunciadas como respuesta a los ataques verbales del populista de derechas austriaco Jörg Haider, sentaron pésimamente en Alemania, donde las asociaciones de los sudetes cuentan con un poderoso grupo de presión, cada vez más moderado en los últimos años.

Se llegó a convocar un debate parlamentario en el que el ministro de Exteriores alemán, Joschka Fischer, dejó constancia del sufrimiento de los más de 10 millones de alemanes expulsados de diversos países de Europa del Este tras la derrota del nazismo. Acto seguido, el líder ecologista argumentó que las relaciones entre Berlín y Praga se siguen basando en una declaración conjunta firmada en 1997. En este documento, ambos países reconocieron sus culpas históricas, oficializaron el mutuo respeto por sus distintos órdenes jurídicos e hicieron votos de 'enfocar hacia el futuro sus relaciones'.

Esta estrategia de echar tierra al asunto, reiterada por Fischer en una reciente visita a Praga, ha sido acordada también para el debate en torno a los decretos de Benes, aquel paquete de medidas legislativas con el que, entre otras cuestiones, se selló la suerte de los Sudetes en 1945. Además, se siguen limitando en parte los derechos civiles de los cerca de 50.000 alemanes que aún hoy día viven en la República Checa. La línea oficial de Praga es considerar vigentes, aunque 'extintos' en sus efectos legales, estos decretos. Esto recientemente fue puesto en duda por el líder de la oposición checa, Václav Klaus, del Partido Cívico Democrático. En plena campaña electoral (la República Checa elige un nuevo Parlamento en julio), Klaus exige que en las negociaciones de ingreso a la UE se negocie una cláusula que garantice que los decretos de Benes nunca serán abolidos.

Esta postura es rechazada no sólo por Berlín y el Gobierno de Praga, sino también por Viktor Orban, el primer ministro de Hungría, que ha exigido de la República Checa eliminar esta legislación, porque también cerca de 100.000 húngaros fueron expulsados en 1945 de Checoslovaquia.

La abolición de la legislación abriría las puertas a demandas de indemnización y ha sido reclamada también por portavoces de los sudetes en Austria y Alemania.