Controlar, segregar y uniformar

Cuando escribo estas líneas, en la cuarta semana de febrero, seguimos sin conocer el borrador de la ley de Calidad Educativa. Sorprendente, cuando ya han corrido ríos de tinta al respecto. No me parece una cuestión sin importancia, porque dice mucho sobre sus intenciones el que el Gobierno del PP haya planificado su ley de Calidad como si de una operación militar se tratara.

La ofensiva empezó hace meses a través de un implacable bombardeo mediático: un rosario de declaraciones sobre el elevado fracaso escolar, el bajo nivel del alumnado, la insoportable situación de indisciplina de algunos centros, la utilización de la autonomía para el 'adoctrinamiento nacionalista'... Una tormenta informativa que, con absoluta falta de rigor, mezclaba cuestiones bien distintas y en la que no había lugar para sopesar el alcance real de cada una, sus causas o, en los casos con algún fundamento, plantear alternativas. El objetivo era otro: trasladar a la sociedad una imagen catastrofista que abonara el terreno para considerar positivo cualquier cambio.

Que el Gobierno del PP haya sido capaz de liderar una ofensiva mediática tan indiscriminada y de tamaña intensidad contra el sistema educativo -y muy especialmente contra los centros públicos- es otro dato a analizar. Que se atreva a hacerlo cuando lleva seis años en el Gobierno del Estado, lo que le adjudicaría buena parte de la responsabilidad de la situación dibujada, es aún más surrealista. Sobre todo mientras han negado a los centros educativos públicos los medios humanos y materiales que hubieran contribuido -de verdad- a mejorar la calidad de la enseñanza y el asentamiento de la reforma. Y hay también que señalar que este bombardeo ha causado daños colaterales: entre ellos, el prestigio del sistema educativo y el de los trabajadores-as de la enseñanza.

Desde hace unas semanas, y de nuevo a través de los medios de comunicación, nos van llegando noticias de las primeras escaramuzas que preludian el asalto: se empiezan a filtrar aspectos parciales del borrador de la ley. Aspectos inconexos y variopintos, de un calado muy diferente en cada caso: itinerarios para la ESO, examen de reválida para obtención del título de Bachillerato, reforma de los contenidos de Primaria, introducción de la Educación para la Salud -al hilo del botellón-, medidas para atajar la indisciplina en los centros, abordar la cuestión de la emigración -en medio de la polémica sobre el pañuelo-, nuevo cambio de los contenidos de Secundaria... Anuncios escalonados que proyectan una imagen de improvisación y de absoluta chapuza. Un ejemplo de cómo no se puede abordar una reforma educativa. No quiero entrar a valorar cada una de las líneas propuestas: están sin concretar, sin desarrollar, sin explicar. Es, probablemente, parte de la estrategia del PP: que los árboles de las medidas concretas no nos dejen ver el bosque de lo que suponen globalmente. Por eso mismo, me parece más interesante intentar analizar el espíritu que se oculta tras ellas, el mismo reflejado, por cierto, en la reforma de los contenidos mínimos de Secundaria, o en la recientemente aprobada LOU.

Controlar y reglamentar. El PP acabará por declarar obligatoria la Enciclopedia Alvarez. Está obsesionado por colgar del sobaco de cada enseñante un grueso volumen que recoja hasta el detalle lo que debe enseñar, lo que tiene que decir en el aula y lo que hay que exigir a cada alumno. Y para que nadie se salga del redil, por asegurarse de ello con los exámenes y sistemas de control que hagan falta. La vuelta de la reválida no es sólo dejar la obtención o no del título de Bachiller en función del resultado, siempre incierto, de un examen: centraría la actividad docente de los bachilleres en la preparación para superar esa prueba, con la que, por cierto, se pretenden medir demasiadas cosas. Toda una filosofía sobre el quehacer educativo.

Segregar. Conciben la enseñanza como una competición en la que no tiene sitio el débil o el distinto. No se trata de facilitar los medios para compensar las desigualdades de origen: al que tropiece se le excluye, la calidad se consigue dejando fuera de juego a quien no da el nivel. Nos ponen el señuelo de conseguir grupos homogéneos, como si ello fuera posible, como si los intereses y capacidades de cada alumno y alumna no fueran siempre diversos y como si la labor del enseñante no tuviera obligatoriamente que adaptarse a esa realidad. Además, la segregación que proponen no se daría tan sólo con alumnos: lo mismo ocurriría con los centros. No quiero ni pensar lo que sería la planificación de la ESO en la comunidad autónoma con tres modelos lingüísticos y cuatro itinerarios diferentes. Una sencilla multiplicación nos da el bonito resultado de 12 opciones distintas por cada nivel. Cada cual puede sacar sus propias cuentas y prever de qué se ocuparían muchos centros, especialmente de la red pública.

Uniformar. Uno de los aspectos más interesantes de la LOGSE es su aceptación de la diversidad y el pluralismo: el acento puesto en la necesidad de responder a cada situación concreta por medio de la autonomía de cada profesor-a en el aula, de cada centro educativo, de cada comunidad autónoma. Un planteamiento que deja espacio a la pluralidad de visiones e ideologías, a la creatividad, a la negociación. Ahora el PP quiere imponer la uniformidad, la suya, tal y como entienden su modelo de lo deseable. En ese modelo no caben ideas que se alejen del pensamiento único, ni culturas distintas -no digamos nada si se reclaman como nacionales-, ni autonomía de centros, ni libertad de cátedra del profesorado, ni ningún tipo de pluralidad. La gris uniformidad llevada hasta sus más sangrantes extremos.

El ideal del PP sería convertirnos a todos y todas en clones, pero eso sí, en lugar del equívoco pelaje rizado de la oveja Dolly, con un lustroso bigotazo que demuestre a las claras las esencias hormonales de la raza.

Javier Lozano es miembro del sindicato de la enseñanza STEE-EILAS.