Un regreso de pesadilla

El matrimonio Antonio Góngora, español de 49 años, y Margarita Cangiano, italiana de 42, nunca imaginó un retorno tan amargo. Después de residir 32 años en Alemania, hace seis meses la pareja decidió asentarse en Cádiz, la tierra natal de Antonio, con sus ocho hijos. Dos de ellos, de 16 y 13 años, presentaron sendas denuncias por supuestos malos tratos. El hecho de que el matrimonio contara con antecedentes negativos en los servicios de protección de menores de Alemania llevó a la Junta de Andalucía a declarar el desamparo de los seis hijos menores de 18 años y retiró temporalmente la tutela a los padres.

Cinco de estos hermanos (de cuatro, seis, nueve, 11 y 13 años) fueron trasladados hace una semana a un centro de menores en La Línea de la Concepción. La madre impidió que los trabajadores sociales le retirasen a la más pequeña, de 22 meses.

La decisión de la Consejería de Asuntos Sociales ha generado reacciones dispares. Los padres se manifestaron ayer frente a la sede de Asuntos Sociales en Cádiz para denunciar la 'drástica e injusta' decisión del Ejecutivo autonómico. 'Nos han quitado a los niños sin comprobar si han sido maltratados. No tienen signos de violencia y no nos dejan verlos', denunció Antonio Góngora, quien reside en Medina Sidonia desde su vuelta a España, el pasado octubre.

Góngora explicó que el traslado a España generó el rechazo inmediato del hijo mayor, de 20 años. La segunda de los hermanos, de 16 años, también se negó a cambiar de residencia y presentó una denuncia en Alemania para seguir en este país, según la versión del padre.

La segunda denuncia, interpuesta por el hijo de 13 años, se formalizó en Córdoba, donde residió el chico durante el verano con unos familiares. Según el padre, esta denuncia responde a las malas influencias de una prima de 26 años y a que el menor no quería regresar a Cádiz.

'La Junta sí que está maltratando a nuestros hijos al desvincularlos de la esfera familiar', lamentó Margarita Cangiano, embarazada de seis meses. La mujer aseguró sentir 'asombro y dolor' por la separación de sus hijos. 'No podemos hablar con ellos, no sabemos si comen o no, si lloran o duermen. Esto es increíble. No pueden quitar a una madre su propia sangre de esta manera', añadió.

Estas explicaciones no fueron suficientes para el consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña (PSOE). Ayer en Cádiz, este responsable justificó la 'correcta' actuación del Gobierno andaluz . 'Existen indicios racionales y suficientes y, además, antecedentes bastante claros de que la decisión de la delegación provincial es la acertada', afirmó el consejero.

Pérez Saldaña explicó que la resolución provisional de desamparo ordenada por la Junta de Andalucía tiene por objeto dar protección inmediata a los menores hasta culminar la resolución definitiva, que puede ratificar, modificar o revocar el acuerdo inicial.

El consejero expresó su deseo de que la familia se reagrupe si se demuestra la ausencia de malos tratos. Saldaña aclaró que, de confirmarse los indicios de daños, impedirán el regreso de los niños al seno familiar. La Junta de Andalucía ha solicitado el auxilio judicial para cumplir también con la retirada efectiva de la tutela sobre la niña de 22 meses. 'Es preferible que entreguen voluntariamente a la menor, puesto que si ellos entienden que no hay razones para que al final pierdan definitivamente la patria potestad de sus hijos, lo podrán demostrar por la vía judicial', dijo Saldaña.

El padre de la familia no quiere esperar a la resolución definitiva. 'Queremos que vengan inmediatamente con nosotros porque ahora están siendo maltratados psicológicamente. Esta situación supone un trauma para estos niños', aseguró ayer.