'Botellón' y ruido

Estos últimos días estamos asistiendo a un cambio sintomático en la escena pública con la decisión de ir poniendo fin al fenómeno del botellón, ante la presión de los vecinos de los barrios más castigados por esa costumbre. Esto supone el triunfo del movimiento vecinal, que desea asegurar algo tan básico como el descanso dentro de sus hogares.

Hace justo ahora cuatro años, en febrero de 1998, nacía Adecavi como asociación ecologista dedicada al estudio y la denuncia de la contaminación acústica, y en mayo siguiente se creaba la Platafoma Ciudadana contra el Ruido, como unión de afectados y ecologistas que sabían que tenían que unir sus fuerzas para conseguir de las administraciones sus justas reivindicaciones.

No es casualidad que las denuncias por ruidos se duplicaran de 1998 al 2000. Cuatro años después, algunos ayuntamientos, empezando por el de Bilbao, han reformado sus ordenanzas municipales sobre contaminación acústica para dar respuesta a la cada vez mayor exigencia social. Algunas asociaciones de vecinos de Guipúzcoa y Vitoria, junto con Adecavi y otras asociaciones de la Plataforma Ciudadana contra el Ruido, han iniciado ahora conversaciones con el Gobierno vasco, a través del director general de Juegos y Espectáculos para sensibilizar a todas las administraciones públicas de la necesidad de que se cumpla el decreto de horarios de hostelería vigente en la comunidad autónoma, como una de las armas principales de la lucha contra el ruido.

Porque lo cierto es que este decreto está siendo ampliamente incumplido por los establecimientos del sector ante la pasividad de la mayoría de los ayuntamientos, para escándalo de los vecinos, gravemente afectados muchas veces por emisiones intolerables de decibelios.

Hace algunos años, tal movilización ciudadana contra el ruido era impensable. Hoy día son numerosas las sentencias que dan la razón a los vecinos, ordenando el cese de las mismas y estableciendo indemnizaciones por daños morales. Esta batalla, que se está ganando en los tribunales, debe trasladarse a las administraciones públicas, que, en el ejercicio de sus competencias, deben velar por el medioambiente y la calidad de vida de los ciudadanos, como manda la Constitución. Es en este ámbito donde se debe resolver este problema, sin obligar a los ciudadanos a acudir a un amparo judicial costoso para todos.

Nada tiene que ver con la represión exigir un cumplimiento más riguroso de la normativa existente y que haga de los agentes municipales un instrumento eficaz de la 'policía de la tranquilidad' que deben ser los ayuntamientos ante todo.