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COLUMNA

Zumárraga

Si en algún entorno se dio durante el XIX hispano (por referirnos de modo genérico a todas las tierras de lo que había sido el viejo Imperio español de los Habsburgo) el paso de las maneras venales e impuestas de autoridad a otras electivas y progresivamente democráticas, ése fue el entorno municipal. Si en algún sitio se desarrollaron fórmulas de liberalismo radical contra las viejas oligarquías, ése fue el ámbito local. Si en algún lugar arraigó un humanismo popular que propugnaba la generosidad frente al acaparamiento, la solidaridad frente al individualismo o el sentido moral frente a formalismos legales incumplidos, ése fue el municipal. Así fue en la Península. Pero también lo fue en México, Chile o Argentina.

Sin mitificarlo -como lo pudo hacer en sus Episodios Benito Pérez Galdós-, el ámbito local fue la línea de contacto entre un Estado que se resistía a abandonar las maneras oligárquicas (a pesar de su nueva fórmula liberal) y los grupos sociales vivos, aunque marginados entonces de la política. Por eso, en la Península (pero también en México o Chile), la izquierda y el progresismo político fueron municipalistas. Lo fue ya en el siglo XX Indalecio Prieto y lo fue Manuel Azaña, por referirme a una tradición notable de nuestro pasado político.

También el PNV, ante la dificultad de abordar unas diputaciones forales poderosas o influir en la política general, adoptó maneras municipalistas de hacer política ya desde su nacimiento (buena muestra de ello fue la iniciativa autonomista de los ayuntamientos en 1931, trabajada especialmente por el PNV).

La democracia entró en estas tierras por los poros municipales antes que por cualquier otro. De ahí la perversión que supone hoy atentar directamente contra ése ámbito de soberanía, el ayuntamiento, por la vía del asesinato y la amenaza a concejales. Si se pretende subvertir la democracia en este país (no la Constitución, amigo Otegi, que tiene sus cauces de subversión o modificación), si se quiere verdaderamente emponzoñar su vida política hasta hacerla girar en torno a otra férula, una autoridad tiránica, basta con estrangular la vida municipal.

Que populares y socialistas se vean desde hace tiempo con dificultades para confeccionar sus listas para las elecciones a los ayuntamientos es la limitación más grave que han sufrido las formas democráticas en este país. Resolverlo, preservar ese ámbito de la ponzoña asesina, es una de las primeras tareas políticas que cualquier demócrata debe asumir hoy aquí.

Por eso resulta tremendamente esperanzador (de momento sólo esperanzador) que los partidos se hayan sentado a hablar precisamente en torno a ese tema. Y, desde luego, es un gesto excelente el que hace Elkarri ofreciéndose a cubrir posibles lagunas en las candidaturas del PSE-EE o el PP.

Por lo demás, antes de la política viene el acuerdo social básico. Lo que los liberales llamaron pacto social del que devinieron las constituciones y la propia democracia. Antes de dilucidar los asuntos públicos cotidianos, presentar opciones y establecer una pugna en torno a ellas, se deben señalar y acordar las reglas de juego. Acordarlas y defenderlas. Donde no ocurra tal cosa, donde se conculquen los derechos humanos básicos y se distorsione gravemente su vida política, deberán tomarse medidas excepcionales. Ocurre en Zumárraga, pero también en otras localidades vascas. Y en todas ellas cuando se piensa en las próximas municipales.

¿Debe formarse una gestora para el gobierno municipal de Zumárraga? Convendría que algo se dijera desde la propia localidad. Pero si falta libertad para hacerlo, ¿cómo resolverlo? Sea como fuere, de la solución que se dé a casos como el de Zumárraga dependerá la libertad de cada uno de nosotros en el futuro inmediato. Ciertamente, así es.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 27 de febrero de 2002