La cocina y el pinche

La reunión del pasado viernes en Vitoria, convocada de manera urgente ocho días antes por el lehendakari Ibarretxe, dedicó sus seis horas de duración a un tema monográfico: los desestabilizadores efectos del terrorismo sobre los ayuntamientos vascos y la adopción de medidas para defender a los concejales populares y socialistas, amenazados de muerte por ETA, acosados por el nacionalismo radical y desamparados por buena parte del nacionalismo moderado. El asesinato de siete concejales del PP y del PSOE desde la ruptura de la tregua y la renuncia a sus cargos de otros veinte representantes municipales de ambos partidos en el País Vasco ponen dolorosamente de manifiesto el drama personal de las víctimas y la desaparición de las condiciones mínimas para la práctica de la democracia en el ámbito municipal vasco: de los 17 concejales elegidos en Zumárraga sólo nueve continúan en sus cargos.

En torno a la mesa se sentaron los presidentes de las formaciones políticas vascas con representación parlamentaria (excluida Batasuna), los presidentes de las tres diputaciones forales y de la Asamblea de Municipios Vascos, el delegado del Gobierno en la comunidad autónoma y el consejero vasco de Interior. Si el punto de referencia sólo fuese la incomunicación entre nacionalistas y constitucionalistas durante los últimos cuatro años, la celebración del encuentro debería considerarse por sí misma un éxito. El gélido trato dado a los amenazados concejales vascos del PP y del PSOE por muchos de sus vecinos nacionalistas resalta la importancia de que los presidentes del PNV y EA asumieran inicialmente como un deber de principio -mas tarde rebajado- la tarea de asegurar su protección

Poco tiempo han durado, sin embargo, esos momentos de satisfacción: las diversas versiones dadas por los participantes sobre los acuerdos y los compromisos adquiridos en la reunión traen a la memoria el Rashomon de Akira Kurosawa, infructuosa reconstrución de un acontecimiento a través de los relatos de sus protagonistas. Por lo pronto, algunos dirigentes del PNV y de EA niegan ahora, de manera no convincente, que se estudiase la creación de una gestora en Zumárraga o el eventual aislamiento municipal de Batasuna en 2003. Tal vez los defensores de las interpretaciones más esperanzadas -como el lehendakari Ibarretxe y el socialista Jáuregui- recurrieron consciente o inconscientemente a la técnica del como si, esto es, la presentación a la luz más favorable de una negociación en curso a fin de fortalecer a quienes intentan alcanzar acuerdos racionales: según la teoría de la profecía autocumplida acuñada por Robert K. Merton, las predicciones optimistas de Ibarretxe o Jáuregui podrían llegar a materializarse si lograsen finalmente influir en tal sentido sobre los actores. En el lado opuesto, resulta también comprensible que el presidente del PP vasco, escaldado por experiencias anteriores, se muestre receloso por el temor a una emboscada que desmovilice a los movimientos ciudadanos y propicie un pacto entre PNV y PSOE a costa de los populares: nadie debe olvidar que en 1998 el nacionalismo moderado pactó en secreto con ETA y en público con Batasuna para excluir de la vida pública vasca tanto al PP como al PSOE.

Pero las interpretaciones optimistas de Jáuregui o pesimistas de Iturgaiz no guardan relación con la sectaria manipulación realizada anteayer por el pinturero secretario general del PP, dispuesto al parecer a forzar la ruptura del Pacto Antiterrorista con el PSOE a menos que los socialistas acepten obedientemente el papel de recaderos o lacayos del Gobierno. Con mirada huidiza de fulero, Javier Arenas acusó en televisión a los socialistas vascos de 'deslealtad' con el argumento de que el presidente de su gestora, Ramón Jáuregui, había cocinado con el lehendakari Ibarretxe el apoyo del Gobierno vasco a una parte de las nueve medidas para proteger a los concejales vascos del PP y del PSOE presentadas la semana pasada a la Mesa de Seguimiento del Pacto Antiterrorista. Las marrullerías de los pinches marmitones de la política, profesionales del poder resueltos a perpetrar todo tipo de vilezas y adulaciones para sobrevivir en el oficio, deberían tener un límite: el mocito Arenas no debería olvidar que anda en juego la vida de los cargos públicos, los concejales y los militantes populares y socialistas en el País Vasco.