Oído, voz y confianza

Frente al orteguiano 'España es el problema; Europa, la solución', 16 años después de su ingreso en la Unión Europea (UE), Europa le plantea un problema a España: la participación de las comunidades autónomas en la toma de decisiones en Bruselas. Pero esta vez tendrá que resolverlo sola. No estamos ante un sistema federal en el que cada parte es más o menos igual en competencias e instituciones. Cada Estado de la UE tiene su propia ordenación. No se entiende la cerrazón del Gobierno ante esta cuestión, pues si la deja para negociar con los nacionalistas tras las próximas elecciones, la desvirtuará, especialmente cuando ésta es una de las cuestiones subyacentes a la Convención para una reforma cuasi constituyente de la UE que echa a andar esta semana.

La Constitución señala que la política exterior (y la interior) la dirige el Gobierno. Ahora bien, cuando se diseñó la Constitución de 1978, ni el Estado de las autonomías estaba fijado, ni la vida europea cubría tantas áreas como ahora. La política europea es ya algo distinto de la política interior o exterior. Es una nueva categoría. Apostar a fondo por el Estado de las autonomías no significa tener que darle una ingobernable representación directa a las CC AA en el Consejo de Ministros en Bruselas, pero sí que estén de algún modo presentes, y participen en la formación de la posición española y en la aplicación de normas de su competencia exclusiva o compartida. Sería deformar el espíritu del autonomismo actuar de otro modo y recuperar el Gobierno vía Bruselas las competencias que corresponden a las regiones, más aún cuando asistimos a una evolución en la UE hacia menos reglamentos comunitarios (de aplicación directa) y más directivas (que requieren que cada Estado las transpongan a su legislación interna).

Las regiones con capacidad legislativa (unas 80 de un total de 200, como se ha puesto de relieve en Madrid en un debate hispano-alemán sobre la Clarificación del sistema de competencias en Europa), no son directamente responsables ante la UE, ya sea ante el Tribunal de Justicia comunitario o las multas de la Comisión, por ejemplo, si se sobrepasa una cuota de producción lechera. Los responsables son los Estados. Y dejar que las regiones puedan acudir directamente al Tribunal de Luxemburgo llevaría a que éste, en algunos aspectos cada vez más básicos, reemplazase a los tribunales constitucionales nacionales. No parece razonable, al menos en el estadio actual de desarrollo de la integración europea.

Fijémonos, en otra contradicción: la de que desde algunos sectores se pida la participación autonómica en el Consejo de Ministros, pero no en el otro poder prácticamente colegislador en todo con esta institución, a saber, el Parlamento Europeo. Probablemente haya que convivir con algunas contradicciones. Pero una cosa es no resolverlas del todo y otra ignorar que hay un problema y que las CC AA tienen hoy una actividad exterior tan notable que, en España, la ayuda al desarrollo que dan al exterior es superior a la del Estado central.

La solución pasa por la cooperación. Pero ésta sólo puede hacerse desde la tan insistida lealtad constitucional, que no es un camino de sentido único, sino de, al menos, tres direcciones: de las CC AA hacia las instituciones centrales, de éstas hacia aquéllas, y entre las propias CC AA. En resumen, una cuestión de confianza que habría de llevar a reformar el Senado, una institución inútil en su configuración actual. Ahora que Europa se mete en una senda cuasi constituyente, el 'patriotismo constitucional' también tiene que tener una dimensión europea, de 'patriotismo europeo'. Y una potencia intermedia como España, la más descentralizada de Europa y que aspira a estar en el grupo de los grandes, tiene que poder resolver de forma razonable este problema. Que la próxima ampliación, con la excepción de Polonia, sea a países pequeños, debería llevar a acelerar la solución, para no ver que territorios menos poblados que muchas regiones españolas logran mayor capacidad de decisión en la UE.