Portugal, en la UVI

El aplazamiento de las grandes reformas que necesita el país, el aumento del gasto público, la crisis financiera del Estado y el endeudamiento de las familias están arrastrando a Portugal hacia una situación extremadamente delicada que necesitará sacrificios y medidas impopulares por parte del nuevo Gobierno que salga de las próximas elecciones del 17 de marzo.

El aumento del déficit público hasta el 2,2% estuvo a punto de provocar la 'alerta rápida' de la Comisión Europea, y el ministro de Finanzas, Guilherme D'Oliveira Martins, reconoció esta semana que será 'muy difícil' mantener el Pacto de Estabilidad europeo que reclama el déficit cero para el ejercicio 2004. El encontarse en el mismo bando que Alemania, la mayor economía comunitaria, ha salvado a Lisboa del tirón de orejas de Bruselas.

Pero los datos no ofrecen ninguna duda. Las previsiones de crecimiento fueron reducidas progresivamente a lo largo de 2001, hasta situarse en el entorno del 2% para el pasado año, frente a algo más del 4% en el ejercicio anterior, mientras que la deuda pública asciende al 55,9%, la inflación ha pasado del 2,7% previsto para el año 2001 al 4,4% final y el endeudamiento alcanza el 93% del rendimiento disponible, según los datos del Banco de Portugal.

Un alto ex mandatario luso reconocía a este periódico que, si el país no estuviese integrado en la Unión Europea, ya habría sido intervenido por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por tanto, la situación es realmente seria, y las alertas ya fueron lanzadas hace meses. El Gobierno socialista, ahora en funciones, aprobó el pasado verano un drástico plan para reducir el gasto público en los próximos tres años que, en la práctica, congelará los salarios de los funcionarios públicos al menos este año. El plan preveía una reforma completa de la gestión en la sanidad pública, la reestructuración de las empresas estatales, la extinción de varios servicios e institutos públicos, limitar los subsidios, congelar la compra de edificios y material de transporte e iniciar un exhaustivo control del gasto en todos los ministerios. Sin embargo, las elecciones anticipadas dejarán en manos del nuevo Gobierno los designios nacionales y, de cualquier forma, el nuevo Ejecutivo deberá tomar medidas aún más drásticas para paliar la crisis económica.

La medida de la crisis

El presidente de la Asociación Portuguesa de Bancos (APB), João Salgueiro, explica a la agencia de noticias Lusa que la Administración pública 'está triplicada' y el país 'tendría un producto interior bruto (PIB) un 50% superior al actual si la productividad alcanzase la media española'. A su juicio, 'el bajísimo nivel de productividad' es la causa de la crisis económica, lo que, unido de la falta de eficacia de los servicios públicos, provoca grandes dificultades para la inversión extranjera.

El ex ministro socialista de Economía Daniel Bessa afirma que las finanzas públicas sufren 'un problema grave y urgente' que sólo es posible solucionar con 'un frenazo en las cuatro ruedas', puesto que constituye 'la madre de todos los vicios'. A su juicio, 'Portugal perdió una gran oportunidad para reducir el aumento del gasto y reformar la Administración pública y las leyes laborales en los últimos cinco o seis años con una economía en alza, cuando todo eso hubiera sido mucho más fácil que ahora'.

Por su parte, el candidato del centro-derecha al cargo de primer ministro, José Manuel Durao Barroso, ha reconocido que la economía portuguesa se encuentra en la UVI (unidad de vigilancia intensiva).