La desproporción de los hechos y los juicios

Vivimos estos días el valor de la desproporción y de la fuerza represora del poder político, de la contradicción entre el personal docente en la universidad y de los juicios mediáticos que nos curan de toda duda o sospecha.

Atendiendo a estos principios, puedo entender que los rasguños que unos estudiantes han estampado en unas puertas del siglo XVIII es acontecimiento más trascendente que la intervención de 200.000 piezas arqueológicas de una colección en Écija. A esta intervención la denominó la Guardia Civil Operación Tambora. Las deterioradas puertas del Rectorado de Sevilla las podíamos incluir en la Operación Banda de Cornetas y Tambores, con sables y pendones incluidos. Sobre todo, por aquello del ruido.

Mucho se ha escrito estos días condenando un acto que, desde luego, es condenable. Todo se ha dicho al respecto, pero la reacción a éste se conforma ya como un acto condenable en sí mismo.

La autoridad política ha querido ser firme y contundente y, al amparo de la legalidad, ha pretendido, con demagogia ejemplarizante, golpear los hombros desvaídos de un movimiento estudiantil, criticable por los ánimos calientes con los que ha abordado una actitud inútil, pero en todo caso lejos de la soberbia política y la planificación intencionada, como de otros tiempos, que en memoria estén para bien de todos. Frente a esta actuación contundente, tanto política como policial, no vale comparar ni el violento desafuero ni los ánimos encrespados de unos estudiantes, si no es para esbozar una broma de mal gusto por no decir un abuso de autoridad con todas las de la ley.

Desde luego, llama la atención que estas políticas de escarmiento coincidan en el tiempo con los altos índices de inseguridad ciudadana que proclaman las encuestas y que se supone agobian al Gobierno. García Márquez escribió que detrás de una historia en ocasiones se esconde otra historia que aún está por escribir. Éste es el caso.

La desproporción no se reduce sólo a que unos estudiantes estuviesen detenidos casi 72 horas ni a la forma en que se han llevado a cabo las detenciones. Las declaraciones del delegado del Gobierno central advirtiendo que no se ha sobrepasado este plazo legal me han tranquilizado el alma. Las desproporciones se prolongan con la benevolencia del fiscal, que pide penas de prisión a estos peligrosos revolucionarios, que han sido imputados de un delito de desorden público (de seis meses a tres años de prisión), otro de daños contra el patrimonio por desperfectos en las susodichas puertas (de uno a tres años de prisión) y de una falta de lesiones por heridas causadas a tres guardias de seguridad.

Por trigésima cuarta vez condeno cualquier acto violento. Pero pedir tres años de prisión por dar una patada a una puerta es el claroscuro de aquella otra noticia que anunciaba que un narco quedaba en libertad unos días antes del juicio. Es tal la desproporción de hechos y de argumentos que me niego a que dos árboles ya talados nos impidan ver el esperpéntico bosque de desagravios a que nos hemos acostumbrado estos días.

Más de setenta profesores de la Coordinadora de Profesores e Investigadores por una Universidad pública y de calidad de la Universidad de Sevilla han mostrado en un manifiesto su estupor ante la magnificencia de estos hechos. Llevan razón y por eso ahora todos tenemos el reto de aplicar a estos acontecimientos desproporcionados la cantidad suficiente de sentido común que la autoridad política nunca quiso imponer y que la policía ha vulnerado por la fuerza.

Ahora, dentro de la Universidad, tenemos un reto con nosotros mismos, porque los alumnos lo piden y porque la Universidad de Sevilla ha dejado de estar desideologizada desde que vimos el vuelo oscuro de la LOU sobre nuestras cabezas. Estos actos desmesurados sólo son el principio de un laberinto borgiano de múltiples puertas, incluidas algunas del siglo XVIII. Aunque, eso sí, con algunos destrozos, síntoma de que algo está pasando en una sociedad que espera de la Universidad una respuesta ponderada frente a los arbitrios desproporcionados del poder político.

Antonio López Hidalgo es periodista y profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Información.