Modelo leal de participación autonómica en la UE

La cuestión de la participación regional en la delegación española de los Consejos de Ministros de la Unión Europea parece que ha llegado a la agenda política. Y que ha llegado para quedarse, por más que se pretenda coartar el debate con apresuradas invocaciones de inconstitucionalidad y se desvíe la atención a otros foros o sistemas que no tienen nada que ver, como el Comité de las Regiones o los comités (de funcionarios) de la Comisión. Extremadura ha puesto sobre la mesa del Gobierno un modelo completo para un sistema común de participación, válido para el conjunto de comunidades autónomas y basado en la lealtad constitucional que la complejidad e importancia del asunto merecen. No se trata en él de sustituir al Gobierno, sino de acompañarle en la negociación mediante la inclusión de un representante autonómico en la delegación española, que siempre estaría presidida por el ministro de turno y que defendería la postura española previamente acordada. Además de las socialistas, otras comunidades reclaman cuando menos la apertura del debate. Aquí quedan algunas reflexiones para el mismo.

¿Por qué queremos las regiones presencia en estas delegaciones? Porque tenemos un derecho de participación en los asuntos europeos que tocan a nuestras competencias. Porque en esas mesas de Bruselas se negocia con las competencias que tenemos atribuidas y que nosotros, las comunidades autónomas, hemos perdido en beneficio de las instituciones centrales europeas. Porque nosotros somos las administraciones que ejecutan la mayoría de la normativa europea. Porque el Tratado lo prevé expresamente y de esa autorización hacen uso otros estados miembros, de los que el PP dice que son menos descentralizados que España. Porque la Constitución no impide que las delegaciones españolas, presididas por el Gobierno, se formen como queramos nosotros.

Pero sobre todo porque luego, cuando hay problemas, se nos echa encima a las regiones la responsabilidad sin habernos dejado participar, como en el caso del pago de las ayudas del lino, de las vacas locas, de la armonización fiscal, del déficit y de tantos otros asuntos en los que se pretende endosarnos responsabilidades políticas sin comerlo ni beberlo. Si Fraga, o Bono, o Ibarretxe van a asumir el coste político por las consecuencias de esas decisiones, ¿no es lógico que exijan estar allí donde se la juegan?

¿Para qué queremos estar en esas delegaciones? No para vigilar a los ministros, no es eso. Es para corresponsabilizarnos. En teoría, cuando se trata de competencias autonómicas, la posición española se acuerda en la Conferencia Sectorial correspondiente, en la que se sientan el Ministro y los consejeros homólogos. Una vez en Bruselas, el Ministro tiene dos opciones. O bien no moverse de la posición que trae pactada con las Comunidades Autónomas, y ese inmovilismo puede perjudicar el acuerdo de nivel europeo. O bien, lógicamente transigir, variar, moverse de la posición pactada inicial, pero lo estaría haciendo sin tener la competencia material en el ámbito interno y sin ningún aval autonómico; podría ser acusado, in extremis, de desleal al acuerdo adoptado en Madrid.

Por tanto, se trata de corresponsabilizarnos las dos instancias, la ministerial y la autonómica, de la negociación. Se trata de reforzar la legitimidad del ministro, de avalar la actuación de la delegación en su conjunto, y luego responder los dos, el ministro y el consejero, ante la Conferencia Sectorial que definió la posición española. Porque en Bruselas no hay una posición gubernamental y otra autonómica. Tanto el ministro como el consejero son portavoces de una única posición española, la acordada en la Conferencia Sectorial. De este modo, no es que se debilite la posición española, sino que, al contrario, se refuerza con una legitimidad jurídica y política sin fisuras.

Se ha dicho que el único representante posible en los consejos es el ministro, porque es el único al que puede exigírsele responsabilidad por las Cortes. Si ese argumento de la responsabilidad fuese cierto, además de hábil, el ministro no tendría que responder ante las Cortes, sino ante aquella instancia territorial que posee la competencia en el derecho interno, y tendría que peregrinar tras cada consejo por los diecisiete parlamentos autonómicos para explicar qué ha hecho en Bruselas con esa competencia regional. En realidad la cascada de responsabilidades es, primero, de los dos representantes españoles ante la Conferencia Sectorial, y, después, de cada gobierno ante su cámara: el ministro ante las Cortes, y los consejeros autonómicos que se sientan en cada Conferencia Sectorial ante su respectivo Parlamento regional. Nadie escapa a ese principio de responsabilidad.

Tampoco sería útil introducir en este esquema un elemento parlamentario, como se ha propuesto al hablar de la posibilidad de que en la delegación se incluya un senador. Esta idea sólo tendría sentido con un Senado plenamente gubernamental, del modelo alemán, pero no con una Cámara parlamentaria como la actual. Si la posición española se acuerda en una Conferencia Sectorial, debe ser una representación de ésta la que acompañe la negociación, y no una instancia ajena a este mecanismo, ahora plenamente intergubernamental.

¿Para quiénes está pensado este sistema? Para todas las comunidades autónomas. Todos conocemos las pretensiones de los nacionalistas de aparecer siempre con modelos de relación diferenciados y si es posible bilaterales. Pero lo cierto es que esas posiciones particularistas están perjudicando la consecución de un sistema común de participación para todos. Las exigencias vascas se nos presentan por el Gobierno como un obstáculo para que los demás accedamos a un modelo común. Pero los derechos de una región no pueden coartarse porque la actitud de otras pueda tener lecturas políticamente esquinadas. Mi derecho no puede depender de cómo ejercite el suyo otra Comunidad Autónoma. No obstante, comprendo las reticencias del Gobierno desde el punto de vista político, y por eso me permito pedir que intentemos reconducir las peticiones de modelos especiales a un modelo común de mínimos, que en nada perjudica otras posibles reivindicaciones de cada uno.

Lo que no se entiende es que Aznar vincule su oferta de entrada en el Gobierno a CiU como una solución para la participación europea de Cataluña. ¿Y los demás, qué? ¿O es que los derechos autonómicos son constitucionales si los ejercitan mis socios y son inconstitucionales si los pretenden otros? El sistema, para que funcione, tiene que ser común y basado en una mutua lealtad constitucional. Ni se le puede ofrecer a Cataluña un acceso privilegiado exclusivamente como botín de un pacto de gobierno, ni se le puede negar a Euskadi su inclusión en un sistema general porque mantenga posiciones diferenciadas. Ni, mucho menos, negarlo a todos por desencuentros circunstanciales entre el Gobierno vasco y el de todos los españoles.

Desde Extremadura, poco sospechosa de aventuras antiespañolas, proponemos que se abra el debate en la Conferencia de Asuntos Europeos del MAP, con nuestro borrador o con cualquier otro, para que este desarrollo lógico del sistema autonómico no se convierta en uno de esos asuntos que aparecen recurrentemente en la agenda pública y acaban resolviéndose, tarde y mal, al hilo de cualquier coyuntura política no prevista.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra es presidente de la Junta de Extremadura.