El CES quiere retoques en los consejos sociales

El tercer borrador de proyecto de ley de consejos sociales de la Generalitat supone un giro 'importante' respecto a la intención inicial de aumentar su presencia política en este órgano universitario que fue concebido por los legisladores, básicamente, para ampliar la financiación externa a las Universidades y lograr una mayor integración de éstas con el tejido social en el que están inmersas. En ese sentido, la reciente propuesta, que se someterá al dictamen de la junta directiva del Consejo Económico y Social (CES) el próximo viernes, llega precedida de consensos entre los principales agentes sociales -sindicatos y patronal valenciana- respecto a la necesidad de 'matizar' y 'afinar' la nueva composición de 25 miembros propuesta por el Consell que todavía cede 'un peso excesivo a ayuntamientos y otras entidades que pueden verse politizadas'.

CC OO y la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) confirman, por separado, que plantearán retoques a ciertos artículos que dejan abierto el número de consejeros que serán nombrados por los ayuntamientos donde cada universidad tenga campus o extensiones, ya que se pueden producir desestabilizaciones innecesarias en las universidades cada vez que haya alternancias forzadas por pactos extra electorales o concejales tránsfugas que arrebatan la alcaldía a un partido. Lo más práctico, coinciden, es que los ayuntamientos y las universidades con varias sedes, independientemente del número de ciudades en las que tengan presencia, sólo cuenten con dos consejeros por consejo social.

CC OO propone también que se 'precise' más el perfil que deberá tener el presidente de cada consejo social, ya que, pese a ser nombrado por el Consell, considera que debe ser nombrado de entre personas de 'reconocimiento y prestigio' con el 'consenso' de los agentes sociales y de la universidad de turno. De hecho, ésta es la fórmula empleada por el CES y otros órganos consultivos para las designaciones del presidente.

Algo que preocupa, tanto a los sindicatos, incluida UGT, como también a las universidades, es el nuevo aparato burocrático o secretariado de los consejos sociales, idea a la que la Administración no ha renunciado en este proyecto. Los sindicatos ven con recelo la connotación de 'servicios especiales' con la que se describe la plaza del secretario del consejo. Siendo éste un funcionario público, ajeno a la universidad, su nombramiento, precisa CC OO, deberá ajustarse a la Ley de Función Pública que delimita muy claramente los nombramientos del personal de confianza de alto rango.

El rector de la Universidad Politécnica, Justo Nieto, precisa que el borrador será analizado en la junta de gobierno del martes, pero de entrada muestra su satisfacción por el giro del Consell en aquellos aspectos iniciales que, partiendo de un talante de desconfianza hacia los gestores universitarios, pretendían someter a las universidades a una fiscalización y controles que no están regulados en el resto de las administraciones públicas.