La batalla de las guardias civiles

Cuando en 1988 las academias de la Guardia Civil de Valdemoro (Madrid), Úbeda-Baeza (Jaén) y la de Aranjuez para oficiales abrieron sus puertas a las mujeres, en el marco de una reforma en la formación amparada por la Constitución, las aulas no sólo cambiaron de aspecto por el componente humano de los alumnos, sino que también se nutrieron de nuevos programas: la instrucción militar sufrió una reducción de horas para dar paso a unas enseñanzas más completas en el campo de las humanidades, la informática, el tráfico, la formación judicial o los estudios administrativos.

La novedad atrajo a las mujeres: se había abierto una posibilidad vetada para sus antepasadas desde la creación de este cuerpo policial de carácter militar, fundado a mediados del siglo XIX.

Ellas brillan por su ausencia en las unidades de servicios especiales, reservadas a los hombres bajo el argumento de la peligrosidad de las misiones

La vida cotidiana, que fue pensada para hombres desde la creación del cuerpo hace 150 años, no se ha adaptado a la llegada de las mujeres

Discriminación

Doce años después, las grandes esperanzas de las guardias civiles se están viendo frustradas. Los comportamientos machistas por parte de algunos mandos y compañeros, los obstáculos a la promoción y al acceso a las academias emanados de unos procesos de selección que ellas consideran discriminatorios y la falta de medios e infraestructuras para una correcta acogida han llevado a algunas de ellas a plantear sus casos ante los tribunales.

La cabo primero de la Guardia Civil Mónica denunció en mayo pasado ante el Juzgado Togado Militar un trato discriminatorio por parte de un jefe de la unidad de vigilancia a la que había sido asignada. Mónica entró con mal pie en su destino. No fue bien recibida, y posteriormente fue objeto sistemático de acoso por parte de un superior que manifestó un rechazo por la presencia femenina. La situación de Mónica se agravó cuando quedó embarazada: no dispuso de uniforme acorde con su estado de gravidez y tuvo que padecer una prolongada situación de estrés y ansiedad que la condujo a un parto prematuro. Al regreso del permiso por maternidad, la cabo primero fue trasladada a otro puesto de trabajo, en el que fue sometida a una sobrecarga de servicios, padeciendo dificultades para poder atender a la lactancia. Finalmente, Mónica tuvo que pedir una baja médica por depresión.

En estos términos expuso el caso el 8 de noviembre pasado Victorino Mayoral, portavoz socialista ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados, con motivo de la comparecencia del director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivieso.

Embarazos, lactancias posparto y condiciones de convivencia entre géneros son algunos de los obstáculos que encabezan la lista de las protestas de las guardias civiles.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), antigua COPROPER-6J, está siguiendo el rastro de algunos de estos comportamientos discriminatorios, 'aunque sin grandes frutos, porque ellas tienen miedo de hablar', comenta Roberto Pardo, presidente de AUGC. Sin embargo, esta asociación dispone ya de algunas informaciones: una embarazada que acabó negándose a llevar el uniforme porque sus mandos pretendían 'embutirla' en una talla normal, pese a estar en el noveno mes de gestación; otra embarazada que se negó a cargar con dos maletas 20 días antes del parto, lo que le supuso un arresto; una escolta que manifestó su protesta por haber sido destinada a una misión en un piso con nueve compañeros en el que la puerta del servicio no disponía de pestillo.

La vida cotidiana, que fue pensada para hombres desde la creación del cuerpo, hace 150 años, no se ha adaptado a la llegada de las mujeres: inexistencia de aseos separados en las instalaciones de muchos de los 2.300 puestos con que cuenta la Guardia Civil, escasez de módulos para mujeres en algunas de las academias, y fuera de las puertas de las instalaciones, edificios a los que se presta protección y que no disponen de vestuarios o servicios separados, como puede suceder en algunas embajadas, residencias o cárceles.

Uniforme

En cuanto a la vestimenta, Santiago López Valdivieso señaló en su comparecencia que existe un uniforme diferenciado para las mujeres, de falda o pantalón. Y respecto al vestuario para las embarazadas, 'hay una prenda especial, me parece que se llama pichi, que entra en la norma de uniformidad. La verdad', reconoce, 'es que en vestuario hemos estado mal hasta ahora por cuestiones económicas'. El destino transitorio de la mujer embarazada está pendiente de la aprobación de varios decretos.

El panorama se oscurece por las cuestiones que afectan al ejercicio profesional, ya que las mujeres no ven la manera de introducirse en las unidades de servicios especiales, reservadas a los hombres bajo el argumento de la peligrosidad de las misiones. Ellas brillan por su ausencia en unidades como la UEI (Unidad Especial de Intervención, que practica el asalto a los pisos sospechosos de esconder el delito), el GAR (Grupo Antiterrorista Rural, en el País Vasco), el GRS (Grupo Rural de Seguridad, para antidisturbios), el Tedax (Técnicos de Desactivación de Explosivos) o en el escuadrón y en el cuerpo de motoristas de tráfico.

Santiago López Valdivieso justificó ante la Comisión de Justicia e Interior la ausencia de mujeres en estos grupos 'por las condiciones físicas, tanto para hombres como para mujeres, que requieren algunos de ellos' -incluido el peso de la moto en tráfico-, o 'porque las mujeres no lo han pedido', en referencia a los casos de la UEI o del Tedax.

Las quejas alcanzan los procesos de selección: 'Son eliminadas en determinadas fases de las pruebas de acceso en las unidades especiales de manera sistemática', afirma Victorino Mayoral. 'Y estas fases tienen que ver con las entrevistas o los tests psicológicos'.