La disidencia de Fraga

EL MONOLITISMO DEL PP, cincelado con esmero en su rutilante 14º Congreso, ha sufrido una significativa fisura: Manuel Fraga, presidente-fundador de los populares, expresó el pasado domingo en El Correo Gallego su respetuoso pero firme desacuerdo con varias resoluciones congresuales sobre la distribución territorial del poder, proclamadas urbi et orbi como dogmas por el presidente Aznar. La respuesta de la Xunta a un cuestionario del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) sobre el proyecto de ley de Cooperación Autonómica contiene igualmente opiniones heterodoxas. Sin perder el aire zalamero con que suele hablar a sus superiores, el secretario general del PP dirigió a Don Manuel, 'con cariño, respeto y admiración', dulces objeciones semejantes a las cariñosas reconvenciones de un nieto a su abuelo chocho; Javier Arenas reserva exclusivamente para José María Aznar la adulación deferente de los hijos atemorizados a los padres castradores.

El fundador del PP pide la reforma constitucional del Senado, la presencia de las regiones en la UE, un Libro Blanco para el Pacto Local y la creación de una conferencia de presidentes autonómicos

Frente a la virginidad intemporal de la Constitución (en edad casadera, según adelantó en 1996 el inolvidable portavoz Rodríguez) anunciada por el presidente del Gobierno, Fraga coincide con los socialistas en la necesidad de 'retocar' el texto de la norma fundamental para transformar el Senado en la 'cámara de representación territorial' que las Cortes Constituyentes ordenaron. El veto a la reforma constitucional denota 'un miedo injustificado': el PP está desaprovechando la 'mayoría suficiente' disponible para 'poner en marcha los instrumentos adecuados' que permitan una revisión de la norma fundamental orientada a sacar de su actual miseria al Senado. Fraga, ponente de la Constitución y uno de los ocho diputados populares que votaron sí en el Congreso (la otra mitad se abstuvo o votó en contra), nunca ha sacralizado su texto; en cambio, Aznar, defensor de la 'abstención beligerante' en el referéndum de 1978, es un fundamentalista sobrevenido dispuesto a pelear contra todos por la integridad de una Constitución que hace 24 años desaprobaba.

Fraga también discrepa de la doctrina oficial del PP sobre el papel de las comunidades en la UE y se aproxima en esta materia a las tesis del PSOE. Aznar rechaza la presencia en Bruselas de representantes de las autonomías aunque formen parte de la delegación estatal y estén en juego sus competencias exclusivas. El presidente de la Xunta, tan crítico en 1978 con el Título VIII de la Constitución, admite ahora la participación de las comunidades en la formación de la voluntad europea: el Comité de Regiones es el embrión del futuro Senado de la UE. Fraga coincide igualmente con el socialista Chaves en la idea de crear una conferencia de presidentes autonómicos que se reúna dos veces al año para resolver problemas comunes. También le parece 'temerario' el ofrecimiento del PP al PSOE de negociar la transferencia de competencias y recursos autonómicos a los ayuntamientos sin haber elaborado previamente un Libro Blanco sobre el Pacto Local. Finalmente, la Xunta propone, en su respuesta al cuestionario del MAP sobre la Ley de Cooperación Autonómica, que todas las leyes estatales sean sometidas a consulta de las comunidades cuando afecten a sus competencias.

El sentido común de don Ramón de Campoamor no necesitó aguardar al despliegue de la sociología del conocimiento para comprender que los juicios de cada espectador dependen de los condicionamientos de su mirada. No es lo mismo ejercer el poder que intentar conquistarlo. En 1994, Aznar defendía desde la oposición la misma reforma constitucional del Senado que ahora rechaza; sus actuales ideas sobre la distribución territorial del poder también eran distintas cuando desempeñaba la presidencia de Castilla y León. El galleguismo de Fraga como presidente de la Xunta hubiese sido inimaginable en sus tiempos de ministro de Franco. Dada la estrecha correlación existente entre las mutaciones doctrinales de los políticos y los cargos que ocupan, será conveniente tomarse a beneficio de inventario los argumentos y dicterios cruzados en este áspero debate autonómico.