Dinero blando o duro

La financiación de los partidos y las campañas políticas en EE UU ha sufrido una auténtica revolución con la decisión de la Cámara de Representantes de poner fin al llamado dinero blando: las aportaciones ocultas de las empresas. Siete largos años de debates han sido necesarios para lograrlo, y a su aprobación ha contribuido no sólo que ésta fuera una de las promesas de Bush en su campaña electoral -la más cara de la historia de EE UU-, sino el escándalo Enron, que ha puesto a la luz del día las pasarelas que existían entre la empresa quebrada y la política.

La Cámara de Representantes aprobó la nueva ley gracias a que 41 republicanos se distanciaron de su partido, contrario a esta regulación financiera, y votaron con los demócratas. Las medidas perjudican más a los republicanos, pero también suponen una limitación económica para el Partido Demócrata. El Senado había adoptado una legislación similar hace casi un año, y ahora podría aprobar la nueva ley prácticamente sin debate, aunque no exista una mayoría asegurada y algunos senadores republicanos amenacen con un recurso de anticonstitucionalidad de la ley.

Las donaciones ilimitadas y opacas alcanzaron su paroxismo -500 millones de dólares- en las elecciones presidenciales de noviembre de 2000. Este sistema de financiación, por medio de regalos corporativos, había ido creciendo de forma acelerada en los últimos años, por lo que su prohibición es positiva. La nueva legislación limitará las donaciones de dinero blando a 10.000 dólares y sólo para elecciones locales y estatales, si bien no para campañas publicitarias a favor de un candidato concreto; asimismo se prohíben las campañas publicitarias generales paralelas, una forma de financiación encubierta, hasta 30 días antes de unas primarias y 60 días antes de unas elecciones. Los partidos tendrán que concentrarse en las donaciones de particulares, el llamado dinero duro, mejor controlado, bajo unos límites que se elevan a 2.000 dólares frente a los 1.000 actuales.

Aun así, y pese a los techos establecidos por cada legislación estatal, las campañas políticas en EE UU resultan demasiado caras, sobre todo debido a la necesidad de acceder a la televisión comercial, a precio de oro. Las medidas, que debe ratificar el Senado, son un paso en la buena dirección para reducir la influencia política de los grupos de interés. Pero resultan insuficientes. Por ejemplo, tras el 11-S, Bush ya ha vuelto a dedicar parte de sus esfuerzos a recabar fondos para su partido y para su próxima campaña. En EE UU y muchos otros países (entre ellos España), la financiación transparente de los partidos es una asignatura pendiente de los sistemas democráticos.