'Euroorden' a la carta

Siete de los 15 países de la Unión Europea han acordado adelantar a enero de 2003 la entrada en vigor de la orden europea de detención y entrega, lo que se ha dado en llamar euroorden. Todo avance en la lucha contra el crimen, y en especial contra el terrorismo, es positivo, y refleja la buena voluntad de los que lo han dado, que son los países que menos problemas tienen a la hora de adaptar sus legislaciones internas a esta normativa, que de hecho viene a reemplazar en algunos casos el complejo sistema de extradiciones entre países socios en la UE. A España se han sumado Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal, Bélgica y Luxemburgo.

En el caso de España -que en este turno de presidencia ha hecho del impulso de la lucha antiterrrorista una de sus prioridades-, el adelanto en la implantación de la euroorden supone una garantía adicional de que la justicia española podrá perseguir a los terroristas de ETA en países que han venido utilizando como refugio. En el conjunto de Europa contribuirá a dificultar que las redes criminales saquen ventaja de la movilidad que les concede la progresiva desaparición de las fronteras internas.

Lo preocupante es que no todos los Gobiernos de la UE hayan decidido adelantar este reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales sobre 32 delitos. Es cierto que en algunos casos su aplicación exige reformas legislativas, y en algún caso, constitucionales. Cuando los Quince aprobaron la euroorden, Berlusconi planteó dificultades normativas que sólo en última instancia se comprometió a remover. La Unión Europea debe seguir atentamente la adaptación de la legislación italiana a fin de que ese país cumpla su compromiso de poner en práctica la euroorden antes de la fecha límite de enero de 2004. Ya entonces se planteó la posibilidad de aplicar al caso la fórmula cooperación reforzada, de forma que un grupo de países pusiera en marcha el acuerdo. Es lo que acordaron en su reunión de Santiago 7 de los 15 miembros de la Unión.