La foto de Isla Chica
El asunto político que más interés ha despertado en la provincia de Huelva a juzgar por las páginas de periódicos que viene ocupando, los minutos de radio y televisión que se le dedican y el número de conversaciones en la calle que a él se refieren es el denominado caso Isla Chica. Es más, está adquiriendo tales cotas de popularidad que rara es la novedad que se produce en su entorno que no encuentra un hueco destacado en la prensa regional.
Sin embargo, para quienes aún desconozcan la esencia del caso hay que recordar que básicamente el escándalo surge cuando el PP en el Ayuntamiento de Huelva, en una operación auspiciada por su alcalde, Pedro Rodríguez, vende, con todos los informes en contra de los técnicos municipales, el aprovechamiento de los terrenos del Estadio Colombino y de las plazas y calles adyacentes a una inmobiliaria para, con sus beneficios, adquirir 2.700 millones de pesetas de acciones del Real Club Recreativo de Huelva. La inmobiliaria, en compensación, construiría novecientas viviendas. Esta operación supone pingües beneficios a la empresa compradora, la cual, a su vez, vende la mitad de esos aprovechamientos por 5.000 millones de pesetas. Es decir, que sin mover un solo ladrillo la empresa ha obtenido ya unos beneficios de casi 2.500 millones de pesetas. En resumen, con la falsa excusa de salvar un club de fútbol -el propio presidente del equipo en aquella época ha reconocido que había otras alternativas para ello-, se venden unos terrenos públicos. Algo así como si se vendiesen el Parque de María Luisa en Sevilla, el Retiro en Madrid o Central Park en Nueva York para construir pisos.
A continuación, cuatro miembros de una plataforma ciudadana contra esta operación, la Plataforma Pro Isla Chica, integrada además por IU, PA, PSOE, UGT, CC.OO, SU, USO, Ecologistas en Acción y Derechos Humanos, deciden, tras años de alegaciones a los planes urbanísticos y solicitudes de reunión con el señor Rodríguez, interponer una querella al entender que, además del atentado contra el sentido común que supone querer construir novecientas viviendas en el único espacio libre de una barriada que triplica la media de viviendas por hectárea autorizada por la autoridades urbanísticas, existen varios delitos en el procedimiento efectuado para perpetrar semejante disparate.
Y ocurre que el juez de Huelva, el Ministerio Fiscal de Huelva, el juez del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de Granada y el Ministerio Fiscal de Granada consideran que sí, que al señor Pedro Rodríguez hay que imputarle delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, delito contra la ordenación del territorio y fraude en la contratación.
Ante esta realidad tozuda sorprenden afirmaciones como las efectuadas en estas mismas páginas por el señor Seco Gordillo en el sentido de que todo es un montaje del PSOE contra el alcalde del PP de Huelva. De esta afirmación se desprende, pues, que en esa supuesta conspiración estarían incluidos también los jueces y los fiscales que lo imputan, los partidos políticos y demás organizaciones arriba indicadas y los 7.000 ciudadanos de Huelva que han firmado contra los planes del PP para la zona de Isla Chica. Obviamente, no es así.
La verdad es que un grupo de ciudadanos, hartos ya de ser pisoteados por la prepotencia del PP de Huelva con el señor Rodríguez a la cabeza, han decidido hacer valer sus derechos, poner pie en pared. Ante algo tan diáfano el PP onubense se agarra a lo más rancio de su ideología populista, pone por medio a un club de fútbol ajeno ya a la actuación urbanística que se investiga y se saca de la chistera el día antes de la declaración como imputado del señor Rodríguez una presunta encuesta que hace una institución de la 'independencia' del Departamento de Estudios Sociológicos del PP.
Lamento que el señor Seco Gordillo acuse a quienes mantienen opiniones sobre este caso opuestas a la suya de carecer de consideración o rigor. Yo prefiero estimar que sus opiniones sobre el caso Isla Chica obedecen fundamentalmente a que carece de suficiente información.
José Fiscal es periodista y viceportavoz del PSOE Ayuntamiento de Huelva.
