Los republicanos, contra la ley de financiación electoral en EE UU

La Cámara de Representantes se disponía esta madrugada a votar varias propuestas que pretenden reformar el sistema de financiación de los partidos para limitar la influencia de individuos y empresas en la política de Washington. La propuesta que contaba con más apoyos, presentada por un congresista demócrata y otro republicano, sufría a última hora las consecuencias de una vieja maniobra política de la capital: quienes se oponen a ella presentaron múltiples enmiendas encaminadas más a entorpecer que a mejorar el texto.

La propuesta cuenta con el apoyo de todos los demócratas y una minoría de republicanos. En Washington nació la expresión política medicamento venenoso: define aquel que se receta con la apariencia de ser beneficioso, pero con el efecto secundario de ser mortal. En el Capitolio, ese medicamento es una enmienda que parece destinada a mejorar una propuesta, pero está diseñada en realidad para hundirla.

Eso es lo que parecía inevitable a última hora de ayer en torno a la propuesta de ley que pretende reformar el sistema de financiación de los partidos políticos en EE UU (la votación estaba prevista para después de la medianoche en Washington). La ley Shays-Meehan, que toma su nombre de los congresistas que la postulan, el republicano Christopher Shays y el demócrata Marty Meehan, pretende establecer una prohibición a las donaciones indirectas que cerraría un grifo por el que fluyen millones de dólares anuales en contribuciones de individuos, asociaciones, empresas y sindicatos. La propuesta es similar a otra aprobada por el Senado, lo que permitiría su entrada en vigor casi inmediata con la firma de George W. Bush, que ayer dijo estar dispuesto a rubricar 'cualquier ley que mejore el sistema'.

A Bush no le gusta la ley, pero si llega a su mesa no le quedaría más remedio que firmarla, porque de otro modo traicionaría una de sus promesas políticas más repetidas. El presidente prefiere una ley que prohiba donaciones de sindicatos y empresas (especialmente después de las implicaciones políticas del caso Enron), pero no de particulares. Es lógico: esas contribuciones representan una buena parte de los 172 millones de dólares que ha recaudado en 2001 el Partido Republicano en forma de lo que se llama dinero blando frente a los 68 millones de los demócratas.

La financiación electoral país sólo permite a los individuos un máximo de 1.000 dólares de donativo anual a candidatos o 25.000 a partidos; es el llamado dinero duro, sometido a la luz pública.

Sin embargo, la Comisión Electoral Federal creó en 1978 un agujero legal por el que las grandes compañías o los contribuyentes más generosos podían inyectar dólares sin límite y sin necesidad de hacerlo público. La ley establece que este dinero blando vaya a parar al partido de forma genérica, aunque prohibe a las formaciones políticas emplearlo directamente en la campaña electoral de un candidato. Como cabe imaginar, los partidos han encontrado fórmulaspara desviar el dinero.

La ley Shays-Meehan propone doblar el límite de las donaciones de dinero duro y prohibir cualquier tipo de regalo en forma de dinero blando, lo que en parte podría convertirse en un antídoto contra las presiones políticas. El Partido Republicano asegura que semejante prohibición afectaría tanto a su financiación que irremediablemente perdería las elecciones legislativas de noviembre. Los demócratas han llegado a proponer que la ley sea aprobada con el compromiso de que no entre en vigor hasta después de noviembre. Y los republicanos, en un último ejemplo de filibusterismo político, han respondido con otra propuesta: que la ley entre en vigor hoy mismo.