El Senado de EE UU intenta recortar el poder del dinero en la política norteamericana

La cruzada emprendida por el senador republicano John McCain se ha plasmado en una ley que acaba con el soft money (dinero cobrado por los partidos, no por los candidatos, por lo que no es considerado electoral) y eleva de 1.000 a 2.000 dólares (de unas 180.000 a unas 360.000 pesetas) la cantidad que los particulares pueden donar a los politicos. Si el contribuyente quiere financiar a más de un candidato, no podrá entregar en total más de 37.000 dólares.

Es la reforma más importante desde la aplicada a raíz del caso Watergate, en 1974, y cierra un grifo por el que, en los dos últimos años, demócratas y republicanos han recibido 480 millones de dólares (más de 80.000 millones de pesetas).

La pregunta que se hace ahora la clase política, incluido el senador McCain, es si la ley sobrevivirá. Tiene que volver a la Cámara de Representantes, donde un grupo de parlamentarios de ambos partidos, encabezado por el republicano de Tejas Tom DeLay, se han conjurado para acabar con ella. Otros, como el republicano Thomas Davis (uno de los mayores recaudadores de soft money) sólo quieren retrasar la tramitación: 'La rebaja de impuestos, el presupuesto y la reforma educativa tienen prioridad', afirma Davis. El aplazamiento serviría para que las próximas elecciones parlamentarias, el año próximo, se celebren aún con abundancia de soft money.

Los peores enemigos de la reforma confían en el presidente y en el Tribunal Supremo. El senador republicano Mitch McConnell considera que el texto debe 'negociarse' con George W. Bush 'para que realmente sea útil', lo que implica que deberían hacerse cambios. Bush no ha querido comprometerse con la reforma, apadrinada por su rival McCain. La semana pasada dijo que estaría dispuesto a firmar una ley de financiación que 'mejorara el sistema', sin referirse concretamente a la ley debatida en el Senado. Nadie descarta un veto presidencial. Si no, queda el Supremo.

El senador McConnell ha anunciado que si la ley fuera aprobada, presentará un recurso de inconstitucionalidad. Según él, la prohibición de las donaciones ilimitadas 'restringe el derecho a la libertad de expresión' de las corporaciones y los grupos de interés.