VPO

Se escribe estos días acerca de las viviendas de protección oficial (VPO) y se inquiere por qué no se construyen en la ciudad de Valencia, siendo así que, hasta 1999, la capital absorbía el 18% de las que se promovían en la Comunidad y ésta, a su vez, registraba el 33% de las que se edificaban en España. Queremos decir que no se trata de un filón comercial desdeñado por los promotores del ramo. Como nos decía uno de ellos, lo ajustado de su beneficio se compensa con la seguridad de la demanda, y por eso mismo este capítulo representa un bocado del 15 a 20% del mercado de la vivienda. Un capítulo que, además, prospera allí donde puede desarrollarse.

Pero no es ese el caso del cap i casal. Aquí, casi súbitamente, ha cesado esta oferta. En el año 2000 sólo se alcanzó la mitad del mentado porcentaje del 18% y el año pasado descendió al 5%. Y las perspectivas tampoco pueden ser halagüeñas en tanto no se resuelvan los obstáculos que traban este género de iniciativas, cuyos obstáculos principales, sucintamente anotados, son dos: la falta de suelo a precio adecuado y el coste del metro cuadrado construido. Dos parámetros que, a fin de cuentas, se resumen en uno: la falta de voluntad política por parte del Gobierno, del autonómico y del municipal capitalino. Sus intereses prioritarios están en otra onda, que no es precisamente la social.

El Ayuntamiento de Valencia, en lo que le concierne, no dispone de suelo. Asegura, eso sí, que en el Plan General de Ordenación vigente lo hay para construir 35.000 nuevas viviendas, pero oculta que ya está casi todo acaparado y que su precio lo convierte en inviable para la VPO. Y lo que es peor, el que le es todavía propio, lo saca a subasta, encareciéndolo. Por cierto, los munícipes populares, conscientes de tal vergüenza especulativa, no hablan ya de subasta, sino del eufemístico concurso. Pero es lo mismo. De algún modo, confiesa algún ilustre cofrade del PP, habrá que financiar los sobrecostes de la Ciudad de las Ciencias u otras demasías urbanas. Por otra parte, añadimos nosotros, ese suelo cautivo en espacios privilegiados quizá les resulte excesivamente selecto para este tipo de vivienda. Cargándonos como nos cargan unos impuestos municipales que están en lo más alto de la cucaña española no es muy ejemplar que digamos la política social de Rita Barberá.

La Consejería de Obras Públicas y Urbanismo, que también tiene vela en este entierro -de la VPO- contribuye por su lado estableciendo unos precios irreales a tenor de cómo se cotiza el solar. ¿Puede un promotor vender a 96.000 euros el metro cuadrado útil cuando le cuesta 117.000? Pues no. De ahí que rehuyan este negocio y exijan, como se nos antoja de todo punto justo, que se le otorgue a Valencia la serie de ayudas económicas públicas que le corresponderían se fuese catalogado como 'municipio singular', tal cual es Barcelona, Madrid y otros. ¿Discriminación? Por supuesto. El Ministerio de Fomento debe pensar una vez más que aquí se atan los perros con longanizas y que los promotores han de emprender obras a pura pérdida. Y por si algo faltaba, el más que legalmente dudoso aumento del impuesto sobre los actos jurídicos documentados que incrementa con 500.000 pesetas el precio de la vivienda. Este Gobierno autonómico, decididamente, no está por las VPO y sí por las viviendas de precio opulento.