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Un extraño negocio

Francesc de Carreras

La elección de Josep Borrell como representante del Congreso y del Senado en la Convención que debe elaborar un proyecto de Constitución europea, ha levantado ampollas en la Entesa Catalana de Progrés -grupo parlamentario del Senado que, como es sabido, agrupa a los senadores del Partit dels Socialistes (PSC) y de Esquerra Republicana (ERC) y a la cual también pertenece Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V)- por razones que no se me alcanzan.

Tras la decisión socialista de votar a su compañero Borrell, los otros dos partidos han discrepado por razones distintas. Josep Lluís Carod Rovira ha alegado que Borrell no era la persona idónea para tal cargo europeo y Joan Saura no se ha sumado a la propuesta al no haber sido consultado. El incidente -a primera vista de tono menor- ha adquirido un gran relieve hasta el punto de poner en peligro la existencia misma de la Entesa. En todo caso, Carod Rovira ha declarado que si se repite un caso de naturaleza parecida, su partido abandonará dicho grupo parlamentario.

Tanto la posición de Esquerra como la de Iniciativa no parecen muy justificadas si tenemos en cuenta el peso parlamentario de estas formaciones. Pensemos que de lo que se trataba era de que España eligiera sólo dos representantes parlamentarios para la Convención europea. Si nos atenemos a la regla de la mayoría, imprescindible en cualquier democracia, lo lógico es que estos representantes pertenecieran -como así ha sido- al PP y al PSOE, dado que la suma de parlamentarios de ambos partidos representa a más del 90% del total de escaños, cifra ciertamente abrumadora. ¿Qué razones puede alegar, por tanto, un partido como ERC, con un diputado y dos senadores (0,50% del total de escaños) para imponer su criterio? ¿Cómo puede IC, con un diputado y ningún senador, tener influencia en tal elección? No creo que estos partidos puedan dar respuesta a estos interrogantes.

Y si la disputa es interna, dentro de la propia Entesa, tampoco ERC e IC-V tienen suficientes argumentos que les den la razón. Téngase en cuenta que el PSC tiene ocho senadores y ERC e IC-V ya hemos dicho que tienen dos y ninguno, respectivamente. ¿Cómo pueden bloquear la designación de Borrell, un miembro clave en la ejecutiva del PSC que, recordémoslo, fue votado en las elecciones primarias para candidato a presidente del Gobierno por el 83% de los militantes de dicho partido y casi la totalidad de los simpatizantes? Además, por otro lado, Borrell es el presidente de la comisión mixta Congreso-Senado para asuntos europeos, lo cual lo hace objetivamente cualificado para el cargo.

Por el lado del peso parlamentario las cifras son contundentes y la razón asiste, sin duda, al PSC. Tiene razón, en cambio, Saura cuando se queja de que no fue consultado por los socialistas. La cortesía entre socios no debe perderse nunca aunque la asimetría entre ellos sea tan grande. Se trata, en todo caso, de un simple, aunque quizá significativo, detalle.

Pero hay razones de más grosor e importancia en el enfado de ERC que afectan a su propia estrategia política.

Ciertamente, el perfil que el nacionalismo catalán ha atribuido a Borrell lo convierte en un personaje difícilmente asumible para las bases de Esquerra. Téngase en cuenta que el ex ministro de Felipe González es el más significado miembro del sector no nacionalista del PSC y, desde la óptica contraria en la que se sitúa ERC, es considerado, simplemente, un anticatalán. El mismo Carod Rovira lo ha expulsado, en declaraciones públicas, del partido al que pertenece y del que es dirigente: 'El propio Borrell', ha dicho, 'reconoce lo que ya sabíamos: él representa al PSOE. Sus declaraciones demuestran que a Borrell no le interesa absolutamente nada la Entesa, ni el documento de las izquierdas sobre el autogobierno ni, sospechamos, le interesa el mismo PSC'.

El problema, por tanto, es otro. El problema de Carod Rovira es cómo puede justificar ante muchos de sus militantes y votantes la alianza con los socialistas catalanes en el Senado. Esquerra sigue enfrentada a sus problemas de siempre: tienen unas bases electorales que, antes que nada, son nacionalistas y sólo en un segundo plano se consideran de izquierdas. Como buenos nacionalistas, saben distinguir entre adversarios y enemigos. Los adversarios son los partidos catalanes no sucursalistas, es decir, Convergència y Unió, juntos o separados. Los enemigos son los partidos españolistas y, por más que el PSC de Pasqual Maragall se esfuerce en aparentar lo contrario, lo único que logra es que, a los ojos de los militantes de Esquerra, sea considerado, por su base social y sus vínculos estatales, como una sucursal de PSOE. Y en casos como el que comentamos, esta condición se revela con nitidez.

Las dudas hamletianas de Carod Rovira seguirán por un tiempo. Hasta ahora, ERC había sido -con Heribert Barrera, con Joan Hortalá, con Àngel Colom y hasta con el mismo Carod Rovira hace dos o tres meses- un seguro aliado de Jordi Pujol en los momentos difíciles. Aunque aparentaran equidistancia, nunca fallaban: la distinción adversario / enemigo la tenían clara. Pero tras la moción de censura de octubre y comprobada la solidez del pacto parlamentario CiU / PP, la dirección de Esquerra ha dado expresas muestras de preferir una alianza con el PSC y con IC. Así lo prueba el documento d'aprofundiment de l'autogovern suscrito junto a estos partidos con un horizonte hasta el año 2008. Sin embargo, es probable que ahora Carod Rovira se esté lógicamente preguntando: si en una cuestión tan nimia como es el nombramiento de Borrell como miembro de la Convención europea, el PSC no tiene la suficiente influencia en el PSOE para impedirlo, ¿qué sucederá con todo el programa de reformas legales, previstas en el acuerdo sobre l'autogovern antes mencionado, que necesitan el apoyo del PSOE? Y a continuación, quizá siga reflexionando: si mis votantes consideran al PSC como un partido sucursalista, ¿qué salgo ganando con ser su aliado?

La Entesa Catalana de Progrés es, ciertamente, un muy extraño negocio. No sólo para Esquerra Republicana.

Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona.

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