Las secciones de crédito creen inviable su futuro con la nueva normativa del IVF

La Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad (Fecoav) considera que la nueva normativa que regula la actividad de las secciones de crédito sentencia su continuidad. El Consell modificó este año la actividad de las 52 secciones de crédito valencianas al exigirles que cubran con fondos propios todos los créditos que otorguen. Medida que supone que estas secciones deberán dotarse, en el plazo de dos años, con el doble de recursos que destinen a créditos. 'Con las medidas del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), no es posible mantener una sección de crédito', aseguró la directora de Fecoav, Nuria Galán. El presidente de la federación, Enrique Blasco, por su parte, añadió que si no se cambia una normativa que calificó de 'incongruente', las secciones de crédito se verán forzadas a firmar convenios con las cajas rurales.

Fecoav subrayó el importante papel de financiación que realizan las secciones de crédito, que se han reducido de un centenar en 1995 a las 52 en la actualidad. Blasco, además, recordó que para las secciones de crédito más fuertes el cumplimiento de la normativa puede suponer, en algunos casos, tener que anular préstamos ya firmados para poder cumplir los nuevos requisitos marcados para su actividad en la Ley de Acompañamiento. El presidente de Fecoav criticó una medida que no ha sido consultada con el Consejo Valenciano del Cooperativismo, que además no se aplica en ninguna otra autonomía española y que es mucho más limitante que las que regulan otras entidades financieras. Las principales dificultades de adaptación se centran en once secciones de crédito, las más activas. Fecoav recordó que si bien la desaparición de estas secciones no 'supondrá un trauma' para las cooperativas, encarecerá sus costes de financiación crediticia.

Fecoav, por otro lado, criticó que Hacienda está reclamando el IVA aplicado a las inversiones que las organizaciones de productores (OP) hortofrutícolas destinan a la modernización con la ayuda europea. Las inversiones son aportaciones al fondo de operaciones de la Organización Común de Mercado (OCM) que el sector pide desde hace cinco años y que están cofinanciadas al 50% por Bruselas. Aplicar el IVA obligaría, según sus cálculos, a pagar a las OP hortofrutícolas cada año entre 1,2 millones de euros (210 millones de pesetas) y 2,9 millones de euros (480 millones de pesetas), en función de la aplicación del 7% o del 16% de IVA sobre la aportación cooperativa. Una aplicación sobre la que no hay unanimidad recaudatoria. La estimación parte de que la inversión media total cada año de las cooperativas privadas ronda los 6.000 millones de pesetas anuales, 3.000 de los cuales están exentos de IVA al ser fondos europeos.

Las organizaciones de productores entienden que la inversión es una ayuda y debe estar exenta de IVA, mientras que Hacienda la define como 'autoconsumo' (servicios que paga el socio cooperativo para su beneficio), y por tanto gravable. Hacienda ha levantado actas a algunas de las OP y el sector está movilizándose para evitar que se aplique esta medida.