La 'cocina' de una elección universal

El proceso electoral para renovar al rector en la Universidad de Valencia, que culminará el próximo día 26 tras los quince días de campaña que hoy empiezan, representa, a todas luces, más que el tradicional mecanismo para medir el grado de satisfacción o desagrado de los años de gestión del rector saliente y su equipo -en este caso el del catedrático de Historia Contemporánea Pedro Ruiz Torres y el del ex vicerrector de Investigación Francisco Tomás, cuya candidatura compite con la del catedrático de Historia de la Ciencia Josep Lluís Barona- la primera experiencia piloto en España sobre las consecuencias directas de la aplicación de la controvertida Ley Orgánica de Universidades (LOU) diseñada por el Gobierno de Aznar.

Una reforma del sistema universitario español por la que el PP resucita 'el modelo de sufragio universal ponderado, que no tiene correlato en el sistema parlamentario europeo, ni en ninguna universidad del mundo', resume el presidente de la Junta Electoral, Josep Guia, quien está convencido de que, pese 'a que este sistema presidencialista impuesto por LOU tiene una clara vocación de injerencia política, no podrá con la universidad'.

Bajo estas premisas, los candidatos Tomás y Barona más que poner a prueba sus modelos de gestión se someterán, en la práctica, a un prueba sobre su capacidad de convicción y seducción personales ante un potencial auditorio que pasa de 400 claustrales con el anterior sistema a 60.000 electores. Es decir, un censo que supone el doble del de Benidorm, sólo superado por las tres capitales y Elche.

Por su parte, la Universidad ha puesto en marcha todo un aparato de relojería de precisión, que aparca el espectacular sistema de voto electrónico de la Generalitat, Infovot, estrenado en noviembre y recupera el sistema manual de recuento de actas, que estará centralizado en el histórico edificio de La Nave. Ha abierto, además, un presupuesto específico para garantizar la igualdad de promoción y difusión de los candidatos en los tres campus.En su carta a la ministra de Eduación y Cultura, Pilar del Castillo,la Junta de Gobierno de la Jaume I recuerda que el claustro de esta universidad, en su reunión del 3 de octubre de 2001, 'elevó, con un claro ánimo constructivo, un conjunto de propuestas para mejorar el texto del proyecto', en referencia a la LOU. Frente a esta voluntad de participación, las universidades se han encontrado, según el texto, 'con una feroz e injustificada campaña de desprestigio contra la institución, sus distintos colectivos y sus órganos de gobierno'. Más que un modelo de universidad, continúa la carta, con la LOU se pretende 'luchar contra la imagen que de la actual universidad tiene el Ministerio de Educación'. Una imagen que responde a 'una caricatura', producto de 'erigir en regla general las patologías que aisladamente puedan presentarse en la universidad, como en cualquier otra Administración o institución'. De aquí que el máximo órgano directivo de la Jaume I recuerde a la ministra que la reforma universitaria se ha hecho 'desde una profunda e injustificada desconfianza hacia toda la institución. Hacia sus órganos de Gobierno, de los que cuestiona su legitimidad, obligando a realizar unas elecciones a claustro en algunos casos meses después de haberlas realizado [como en la Universidad de Valencia], exigiendo un derroche de energías estéril adicional al que la propia reforma proyectada comporta, e ignorando que uno de los aspectos más transcendentes de la reforma estatutaria, como es el de la composición claustro, se anticipa y efectúa extramuros del claustro'.

La carta a la ministra, por otro lado, se suma a un escrito dirigido al director general de Universidades, Salvador Forner, en el que sugiere cambios al documento Bases per al desenvolupament autonòmic de la LOU. La Junta de Gobierno pide a la Consejería que 'concrete el procedimiento para la elección de los miembros' del futuro Organismo de Evaluación, que se dé 'audiencia a las universidades en el proceso de selección' y que el nombramiento de sus miembros 'tenga una duración de cinco años', en lugar de los 10 que propone el Consell. También pide que 'el complemento retributivo del profesorado previsto en el documento se financie con una partida adicional al presupuesto actual' y que el complemento docente e investigador 'se divida en dos'. Finalmente, muestra su disconformidad en que el futuro Consell Valencià d'Universitats tenga 'representantes de las Cortes Valencianas', entendiendo que se produce una duplicidad al estar ya éstos representados en los consejos sociales que, a su vez tendrán representantes en el citado órgano de coordinación de las universidades.