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Reportaje:

Los familiares de personas desaparecidos luchan contra el olvido y la falta de noticias

Los familiares de los desaparecidos de la Comunidad lamentan la falta de información policial

En octubre de 2002 hará diez años que la adolescente Gloria Martínez desapareció de una clínica de L'Alfàs del Pi (Alicante). Se ha cumplido también el décimo aniversario de la desaparición en aguas tinerfeñas del jóven músico de Catarroja Rafael Calatayud. Pasada la moda televisiva de las ausencias, éstos y otros casos, en su día célebres, han quedado en el olvido. Pero el drama de unos familiares que se sienten más desamparados que nunca, continúa. Para ellos ya existe la primera asociación legalizada de familiares de personas desaparecidas en la Comunidad valenciana.

No hay nada peor para unos padres. Ni para su abogado. Ni para el guardia civil que busca fantasmas. En una era tecnológica, donde todo parece controlado, las desapariciones componen una pesadilla arcaica que muestra la fragilidad humana frente al destino. Muchos familiares de desaparecidos agradecerían la aparición de cadáveres. Saben bien que el vacío de la duda es lo peor.

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La familia de Rafael Antonio Calatayud, desaparecido con 20 años en Tenerife el día 2 de septiembre de 1991, vive un calvario que ya se hace eterno. Se han recorrido multitud de televisiones, y han abierto y cerrado todo tipo de cuentas para captar apoyo. Pero su caso, con Quién sabe dónde y otros programas de su estilo fuera de antena, parece que hoy canse a la televisión. El empeño de esta familia en saber qué pasó en la playa de Tenerife donde supuestamente desapareció Rafa, un músico de Catarroja que amenizaba las noches de los clientes de un hotel canario, continúa vivo. A los padres de Rafa no les cuadra la versión aceptada en su día por la Guardia Civil y los jueces, aquella que contó Agustín Tomás Quiles, principal testigo del supuesto accidente. Según ésta, Rafa murió ahogado tras empeñarse en hacer pesca submarina. 'Mi hijo era asmático, y para colmo no sabía nadar', afirma José Calatayud, padre de Rafa.

A la fuerza, este hombre aún confía en que se celebre el juicio de un caso que ha roto a su familia; un caso que fue cerrado a los tres días de la desaparición de Rafa por una jueza que sería inhabilitada por las irregularidades que cometió en otro caso, el de la muerte, también en aguas tinerfeñas, del magnate de la prensa inglesa Robert Maxwell. José y los suyos han puesto en entredicho la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil, y desconfían del relato de los principales testigos. 'Las contradicciones de los testigos son numerosas', asegura el hermano de Rafa, José Calatayud hijo, policía local. Hace diez años, el abogado ya fallecido Jesús Sancho Tello, receló de los testigos. 'Aquí mienten todos', dijo.

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Siempre han pensado algo así los padres de Gloria Martínez, una joven que, a los 17 años, desapareció el 30 de octubre de 1992 de una clínica de lujo de L'Alfàs del Pi. Nadie sabe nada. Tampoco la psiquiatra Victoria Soler, que trataba a Gloria por trastornos depresivos, y que recomendó su internamiento en esta clínica, hoy desmantelada. El caso de Gloria ocupó muchas páginas, pero poco a poco ha caído en el olvido de todos, excepto de los suyos.La doctora Soler continuó ejerciendo, e incluso la Seguridad Social se la asignó como médico a la madre de Gloria dos años después de la desaparición de ésta.

Son dos casos que fueron muy comentados, y de los que ya nadie habla. En aquella época, 214 valencianos más estaban desaparecidos. La mayoría lo siguen estando. Como los medios no presionan con información, las fuerzas de seguridad no insisten en unas investigaciones que, con el paso del tiempo, y con la ausencia de restos, se atascan. Cada año siguen produciéndose en España entre 3.000 y 5.000 denuncias por desaparición de menores. El 90% de estos casos se resuelven con la vuelta de los fugados. El otro 10%, no.

Salvador Domínguez, presidente de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en la Comunidad Valenciana (Adesepa), presentada públicamente el pasado 19 de enero, lamenta el hermetismo policial cuando se trata de desaparecidos. 'He pedido información a la guardia civil y se han negado a facilitármela', afirma Domínguez, cuyo hijo Alberto desapareció hace tres años. 'En la presentación de Adesepa, a la que acudió Luis Ibáñez Gadea, director general de Interior de la Comunidad valenciana, éste dijo que no sabía cuántos desaparecidos había en el territorio valenciano. Me quedé de piedra. ¿Cómo era posible que se presentará sin ningún dato?', recuerda Domínguez. Según el presidente de la asociación, aparte de la falta de información, los familiares de desaparecidos se encuentran con otros problemas: 'Los jueces cierran estos casos a los cuatro días, no existe una unidad policial especializada, y hay una gran lentitud en los análisis de ADN a los cadáveres'. Según la asociación de familiares de desaparecidos más veterana de España, Intersos, de Cataluña, hay 2.500 cadáveres sin identificar en el estado. El cotejo con el ADN de las familias, para asumir o descartar la posibilidad de la muerte del desaparecido, se enfrenta a una nueva complicación: 'La policía hace sus análisis, y la Guardia Civil los suyos, y no se intercambian los datos', apunta Juan Bergua, secretario general de Intersos. Con todo, el dolor no deja de aumentar.

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