160 científicos pretenden que el trasvase del Ebro se discuta en el seno de la UE

Los argumentos que el Gobierno central esgrime ante la Unión Europea (UE) para llevar a cabo el Plan Hidrológico Nacional (PHN) no resistirían un debate jurídico y técnico 'serio' en los foros europeos. Así de tajante se muestra el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza Pedro Arrojo, portavoz de los cerca de 160 miembros de la comunidad científica española que se oponen al trasvase del Ebro. El objetivo de científicos y plataformas antitrasvase es desarrollar este debate en el marco de la UE.

Sin embargo, reconocen que será una tarea difícil ante las presiones políticas y los movimientos que el PP está llevando a cabo en Bruselas para que los argumentos técnicos y recursos jurídicos presentados contra el PHN no prosperen en los tribunales europeos.

El informe de evaluación del PHN presentado por el Ministerio de Medio Ambiente a instancias de la Comisión de Medio Ambiente ha sido el último capítulo de la batalla política que el Gobierno, cuyo presidente lo es ahora de la UE, libra en Bruselas para lograr la financiación comunitaria del trasvase.

La evaluación estratégica, preceptiva desde hace dos meses, tras la publicación de la directiva que obliga a las administraciones a elaborar un informe de impacto ambiental global para los grandes proyectos, hizo saltar las alarmas de la comunidad científica española. La Fundación Nueva Cultura del Agua, que tiene el apoyo de 70 universidades de España y Portugal y agrupa a los citados investigadores, se ha pronunciado contra el PHN. El informe de evaluación fue 'preconcebido para justificar el plan', acusa Arrojo, quien precisa que el citado informe no tiene que ser 'una justificación a posteriori'.

Informe de 500 páginas

Arrojo fue el encargado de presentar esta semana en Bruselas, ante los grupos parlamentarios de la Eurocámara -no acudieron el PP y la extrema derecha-, el informe de cerca de 500 folios que han elaborado 20 científicos españoles, entre los cuales se encuentran el catedrático de Ecologia de la Universidad de Barcelona Narcís Prat y el de Hidrogeología de la Universidad de Zaragoza Javier Martínez Gil, para rebatir el estudio de evaluación estratégica del Gobierno. Las principales argumentaciones de los científicos disidentes contra el estudio oficial se basan, esencialmente, en dos puntos.

En primer lugar, la falta de una valoración de los 'impactos sinérgicos' del PHN en su conjunto. Según Arrojo, Medio Ambiente utiliza la estrategia de fragmentar el estudio en las diferentes obras incluidas en el PHN para minimizar su impacto. 'El impacto conjunto es más que la suma de los impactos parciales. Todos los impactos en la cuenca multiplican los efectos al final, en el delta', apunta el técnico.

En segundo lugar, los científicos denuncian la estrechez de las previsiones del Gobierno sobre los déficit y las carencias de las aportaciones del Ebro al delta. Para ello, deberían tenerse en cuenta los impactos a 'medio, largo y muy largo plazo'. El estudio crítico destaca que, aun suavizando las previsiones deficitarias que arroja la inclusión de los efectos futuros del cambio climático, el periodo que analiza el estudio del Gobierno se ha recortado de 50 a 20 años, un tiempo que consideran insuficiente para evaluar los impactos del trasvase en la cuenca y en el delta.

'Si la Comisión Europea quisiera hacer un debate serio, técnico, no habría color: ganaríamos [al Gobierno] por goleada', argumenta Arrojo. En la actualidad, la Comisión tiene acumuladas en su mesa 15 quejas jurídicas contra el PHN. Pero de momento no tienen salida. El problema estriba en la 'incomodidad' que suscita el debate del PHN en el Ejecutivo de la UE, que debería archivar o dar luz verde a la tramitación de las denuncias ante los tribunales de justicia europeos, y en las presiones que ejerce el Gobierno central.

'El Ejecutivo intenta presentar el PHN como un problema político entre Gobierno y oposición, un problema interno, de Eestado, para que no se hable de él', concluye Arrojo.