Ayuntamiento y burocracia

Las quejas sobre las actuaciones administrativas del Ayuntamiento granadino son múltiples. Pero podemos intentar establecer principios de objetividad para que sea posible una crítica constructiva.

En primer lugar tendríamos el problema de la burocracia. De ella depende, casi por completo, la supervivencia del municipio. Dado que la burocracia no produce nada aparte del papel escrito, resulta difícil medir su trabajo con los parámetros del éxito económico. El aparato administrativo crece incesantemente, y ese mismo crecimiento ocasiona considerables pérdidas debido a fricciones internas, por el simple hecho de que cada vez son más los colaboradores o jefes que se ocupan de los mismos asuntos, y porque el incremento en el número de colaboradores se traduce en un incremento al cuadrado del número de relaciones entre individuos.

Por otra parte, unas reglas administrativas demasiado rígidas pueden resultar absurdas y llevar a situaciones inhumanas. Aunque tampoco debe ignorarse que una normativa demasiado laxa podría originar arbitrariedades.

Hay otro despilfarro de energía aún mayor. Me refiero al que se produce por el intento de controlar en detalle cada una de las instancias subordinadas o privarlas de autonomía.

Pero la contradicción surge cuando el responsable de un departamento administrativo actúa como si de una empresa privada se tratara. Estaríamos hablando del concejal de Urbanismo, único miembro del aparato burocrático que tiene cierta visión empresarial en el Ayuntamiento. La relación con promotores y constructores así lo determinaría. Mas la contradicción no acaba ahí. La tarea de un responsable de Urbanismo tiene que ver con la distribución parcelada de la tierra, de modo que dicho responsable no sólo mantiene una relación de cierta independencia con sus compañeros de corporación, sino que se erige en dueño y señor feudal de algo que debería ser patrimonio de todos, como es el suelo que pisamos.

Por ejemplo, todos sabemos que detrás del transfuguismo siempre hay algún interés relacionado con operaciones urbanísticas. Los partidos políticos lo saben y realizan pactos contra esta forma mafiosa de entender la política. Pero la mayoría de los pactos se incumplen. Entonces, ¿no es mejor crear leyes electorales de modo que sean posibles las listas abiertas para un mayor control democrático, donde a los tránsfugas se les juzgue como delincuentes y, en definitiva, para que los políticos honestos prevalezcan en lo posible frente a los corruptos?-