Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Editorial:

Jueces de trinchera

La decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de suspender de sus funciones a los tres magistrados que concedieron la libertad condicional a un presunto narcotraficante que luego se dio a la fuga es en sí misma discutible; pero resulta más preocupante que la votación del Consejo volviera a reflejar casi al milímetro -con una sola excepción- la existencia de dos bloques estancos, separados por una trinchera ideológica. Los partidos firmantes del Pacto por la Justicia intentaron ayer promover desde fuera la recuperación del consenso entre esos dos sectores.

La suspensión es discutible porque no está claro que la admisión a trámite de una querella sea equivalente a la declaración de 'haber lugar a proceder contra ellos' que establece la ley para adoptar esa medida cautelar. Doce miembros del Consejo consideran que basta con ese trámite y nueve entienden que es preciso el procesamiento formal, como ocurrió en el caso de Gómez de Liaño, condenado luego por prevaricación. El debate, que podría considerarse técnico, se ha convertido en político por la nítida división producida en el seno del Poder Judicial. La ruptura del consenso ya se había manifestado con el reciente nombramiento de cuatro magistrados del Supremo, que la mayoría conservadora decidió copar con jueces de su ámbito ideológico. Se rompía así el criterio aplicado hasta ahora de mantener en cada renovación una cierta proporcionalidad. Si quienes controlan el 60% eligen al 100%, a la larga desaparecerá el pluralismo que se pretende garantizar con el sistema de elección del CGPJ por mayoría cualificada. Todo el complejo acuerdo del Pacto por la Justicia se derrumba si los encargados de aplicar buena parte de su contenido actúan con criterio sectario. Al Consejo cabe pedirle que actúe por consenso o trate de buscar mayorías amplias. Así se ha hecho en el pasado, con mayor o menor éxito según las épocas (y el talante de su presidente).

Los partidos mayoritarios son en parte responsables. En lugar de intentar una lista consensuada, prefirieron manos libres para proponer cada cual a los de su confianza. El resultado, a la vista está. Esa responsabilidad obliga ahora a los partidos a hacer valer su influencia para tratar de poner fin a esta dinámica sectaria. No pueden ordenar a los miembros del Consejo lo que tienen que votar, pero no pueden dejar de expresar su criterio sobre lo que está ocurriendo. Por ejemplo, el Gobierno debería desautorizar el argumento de que a un juez conservador debe suceder otro de la misma adscripción, con el que se ha pretendido justificar el copo falazmente, puesto que la proporción entre los sustituidos era de 3 a 1. Por su parte, el Consejo contribuiría a superar la guerra de trincheras si su portavoz dejase de emitir comentarios sobre lo que considera 'errores políticos' de los firmantes del Pacto por la Justicia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 8 de febrero de 2002