El nuevo decreto para distribuir alumnos inmigrantes reduce la reserva obligatoria de plazas por clase

El Gobierno catalán aprobó ayer el nuevo decreto de admisión de alumnos inmigrantes. Esta normativa, que entrará en vigor el próximo curso, contiene varias medidas para distribuir de forma equitativa a los alumnos inmigrantes entre la escuela pública y la privada concertada.

El decreto prevé que los centros establezcan una reserva de dos plazas por cada clase para alumnos con necesidades educativas especiales, una categoría que incluye, además de los hijos de los inmigrantes recién llegados, a los que presentan discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales y los que se encuentran en situaciones sociales o culturales desfavorables. El decreto actual, que sólo ha estado vigor un curso, establecía una reserva en cada clase de cuatro plazas para este tipo de alumnos. La Generalitat considera que con la disminución de esta reserva de plazas 'se alcanzará una distribución más equilibrada de todos los centros sostenidos con fondos públicos', informa Efe.

'Las cuotas en las clases no tienen en realidad demasiado sentido, porque todo depende del territorio y el equilibrio entre los centros', declaró ayer Luz Jabardo, de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CC OO). Para Jabardo, lo importante es 'que el departamento conozca los territorios y equilibre las desigualdades a la hora de garantizar la escolarización de un hijo de embajador o un magrebí que llega a medio curso'.

Jaume Graells, de UGT, reconoce por su parte que la reserva de plazas 'es una cuestión muy difícil de resolver técnicamente', y que la resolución de Enseñanza sobre las dos plazas asignadas a los alumnos con necesidades educativas especiales 'es más una declaración de intenciones' que una realidad.

Carles Martínez, del sindicato USTEC, teme en cambio que el nuevo decreto 'no profundice en la cuestión de la transparencia en las matriculaciones y no arregle el desequilibrio de distribución de alumnos inmigrantes entre la escuela pública y la privada'.

La nueva normativa prevé, además, que se establezcan 'áreas de escolarización singular' en ciudades y barrios con mayor presencia de familias extranjeras. En estas áreas, las administraciones y los colegios deberán actuar coordinadamente para garantizar el acceso a la educación de estos alumnos.

Tanto el Síndic de Greuges como los partidos políticos de la oposición y los sindicatos habían criticado el anterior decreto por considerar que no garantizaba una distribución equilibrada de los alumnos inmigrantes entre el sector público y el concertado, y fomentaba la creación de guetos en determinados centros públicos.