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El juez exculpa al antiguo equipo de gobierno de Santa Cristina d'Aro

El PSC envía el auto judicial a los vecinos para lavar su imagen

El juzgado número 3 de Sant Feliu de Guíxols ha archivado la denuncia que atribuía seis delitos al equipo socialista que gobernó Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà) entre los años 1991 y 1995. Los socialistas enviarán a todos los domicilios de la población la resolución judicial íntegra que exculpa a los ediles de unas acusaciones que formuló CiU en 1999, en una 'época preelectoral'.

La denuncia, que ahora se ha demostrado infundada, surgió en 1999 del consistorio de CiU que encabezaba Pilar Blasco. Esta resolución judicial, que los socialistas remitirán a todos los vecinos de Santa Cristina, constituye el último capítulo de la convulsa vida política que vive este municipio.

La acusación de CiU -'en época preelectoral', destaca el PSC- motivó la imputación de cinco concejales socialistas y del secretario municipal por los delitos de prevaricación, falsedad documental, fraude y exanciones ilegales, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y negociaciones prohibidas a los funcionarios y abuso en el ejercicio de funciones. El alcalde denunciado, Josep Llensa, quedó, a raíz de la denuncia, temporalmente inhabilitado para ejercer un cargo público.

La primera secretaria de los socialistas en Girona, Marina Geli, asegura que Blasco basó sus acusaciones en una auditoría realizada por encargo municipal de la que fueron escamoteados algunos documentos fundamentales. Sólo cuando la defensa de los acusados aportó dichos documentos, que habían seguido el curso habitual en las dependencias municipales y fueron facilitados por el secretario y el interventor, la juez constató que no existía ninguna de las irregularidades denunciadas.

A pesar de que el PSC considera que la entonces alcaldesa de Santa Cristina realizó esta acusación 'con fines electoralistas', no se plantean por el momento llevar a Blasco a los tribunales. 'No nos gusta judicializar la vida municipal ni queremos hacer astillas del árbol caído', contemporiza Rafael Bruguera, secretario de organización del PSC en Girona. La referencia al árbol caído alude, además del revés que ha supuesto para Blasco el reciente auto judicial, a la pérdida de la alcaldía que hace unos meses debió ceder al socialista Ricard Herrero. Éste recibió el voto del concejal de ERC que inclina la balanza entre socialistas y convergentes en el consistorio de Santa Cristina. Blasco tuvo que renunciar a la presidencia de la Asociación Catalana de Municipis (ACM).

Blasco negó en el último pleno municipal, celebrado el pasado jueves, que su denuncia contra el PSC obedeciera a una estrategia planificada. Advirtió que, como alcaldesa, tenía que denunciar un presunto delito. No obstante, se felicitó de la sentencia exculpatoria. Blasco atribuye la moción de censura que le arrebató la alcaldía a una persecución política promovida por los socialistas.

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Durante el pleno se leyó la larga sentencia judicial y se decidió remitirla a todas las casas. Josep Llensa, actualmente apartado de la política activa, aseguró que su equipo de gobierno fue calumniado injustamente y que ahora el Ayuntamiento socialista ha de lavar su imagen.

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