¿Una sola mujer en el Tribunal Supremo?

El pasado 23 de enero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombró a la magistrada Milagros Calvo nueva integrante de la Sala Social del Tribunal Supremo. Es la primera vez que una mujer ingresa en el máximo órgano jurisdiccional español. Hemos de felicitarnos por un hecho que es, en sí mismo, positivo al tratarse del único órgano judicial sin presencia de mujeres. Se supera así un anacronismo sin justificación alguna.

Sin embargo, su nombramiento ha estado inmerso en un grave desencuentro. El mismo día que la Sra. Calvo, perteneciente a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, era nombrada, fueron rechazadas tres mujeres, por lo menos tan meritorias para sendas vacantes del Tribunal Supremo: Margarita Robles y Soledad Cazorla para la Sala Penal y Alicia Camacho para la Sala de lo Contencioso-administrativo, todas ellas propuestas por el sector progresista.

El grupo conservador -los 10 vocales propuestos por el Partido Popular y el propuesto por CIU que han conformado un pacto de hierro-, junto con el Presidente del Consejo, impuso sin contemplaciones que las cuatro plazas debían ser ocupadas por magistrados y juristas conservadores. Los ocho vocales progresistas decidimos abstenernos en la votación del nombramiento de la primera mujer del Tribunal Supremo, no por estar en contra del mismo. Nuestra disconformidad radical estribaba en la discriminación ideológica ejercida hacia las otras candidatas, a las que, ante su evidente idoneidad, se les cerró el paso por no ser afines al sector conservador.

A esta discriminación por exclusivas sinrazones ideológicas, se añade un hecho también grave: se rompía un pacto previo gracias al cual, en la política de nombramientos, se tendría en cuenta, junto al mérito y capacidad de los candidatos, la pluralidad ideológica y asociativa existente en la carrera judicial, respetando, en fin, la proporcionalidad. Los acuerdos están para ser cumplidos. Es una exigencia ética aplicable sin excepciones a la política y que en este caso se ha volatilizado. Esta quiebra del consenso ha ido además precedida de una actitud sectaria en otros temas tales como la selección y formación de jueces, el modelo de Escuela Judicial, la Inspección de los Tribunales y la renovación de los contratos de letrados integrantes de los órganos técnicos del Consejo. Todo ello explica la crisis institucional abierta y que a partir de ahora debe ser superada.

La incorporación de la mujer a la Carrera Judicial es ya un hecho irreversible de tal forma que en las últimas promociones más de un 60% son mujeres. Se ha de recordar que les era una profesión legalmente prohibida en España hasta el año 1966. No fue, empero, si no hasta la recuperación de la democracia que una mujer accedió a la toga: en el mes de diciembre de 1977, hace ya veinticuatro años. En estos momentos el 40% de la carrera judicial está formada por mujeres. Sin embargo, en los puestos relevantes de la cúpula judicial las mujeres no estamos representadas. Para empezar, en el propio CGPJ hemos pasado de cinco a dos -de las cuales ninguna ha sido propuesta por la mayoría parlamentaria conservadora-; en el Tribunal Supremo, de 98 Magistrados hasta ahora ninguna mujer había accedido. De las 17 presidencias de Tribunales Superiores de Justicia, ninguna está ocupada por magistradas. De las cincuenta audiencias provinciales sólo tres tienen a su frente mujeres. En suma, la toma de decisiones judiciales y gubernativas de los máximos órganos jurisdiccionales está en manos masculinas.

Este panorama invita a reparar una injusticia histórica; el momento no podía ser más propicio. En cambio, la mayoría conservadora ha optado por nombrar a un sola mujer como símbolo de una decisión que era inaplazable. Pero la exclusión de otras de, cuando menos, igual idoneidad constituye una muestra del rechazo de una real y efectiva política de promoción de mujeres acreditadamente capaces. No es una cuestión de cuotas. Para el desempeño de la función jurisdiccional, los candidatos y candidatas deben ser escogidos por su méritos y capacidad demostrados. Indudablemente, de entre todos ellos debe escogerse el o la mejor. Así, es legítimo que en situaciones de igualdad de méritos prime la elección de la mujer ante su insignificante presencia en las cúpulas de nuestros tribunales. De este modo se hace efectivo el principio de igualdad en el sector público y la paridad en los órganos colegiados de máxima responsabilidad.

La política de consenso es absolutamente imprescindible para el funcionamiento de un órgano de gobierno que en su origen es necesariamente plural, al estar elegido en las Cámaras que representan la soberanía popular. Los veinte vocales del Consejo somos fruto de ese consenso, pero no somos los representantes de las fuerzas políticas que han propiciado nuestro nombramiento. La andadura de este Consejo se inició, además, en el contexto político del Pacto de Estado para la Justicia, firmado por el PP y el PSOE y apoyado por el resto de grupos parlamentarios, basado en la convicción de que sólo desde una actuación unitaria podía abordarse con solvencia la necesaria reforma de la Justicia, la gran asignatura pendiente de nuestra democracia. Ninguna credibilidad política tendrá el Pacto de Estado si el órgano de gobierno del Poder Judicial no recrea en su interior el necesario consenso en su actuación, funcionamiento y organización.

La política de laminación de todas las decisiones que suponen respetar el pluralismo dentro de la Administración de Justicia debe ser sustituida por la recuperación del concierto activo basado en el respeto al pluralismo y el diálogo con el sector minoritario con voluntad honesta de llegar a acuerdos no meramente retóricos, sino reales y positivos para la mejora de la Justicia. Los progresistas no vamos a tirar la toalla. No apostamos por el bloqueo ni por la ruptura de la institución. Por el contrario, apostamos firmemente por la recuperación del consenso que presidió los inicios de nuestra andadura. El presidente tiene para ello una posición clave para hacer posible el co-gobierno. Ello es la consecuencia ineludible de la responsabilidad de todos en contribuir a un nuevo impulso del Pacto de Estado, basado en la efectividad de unas medidas inmediatas de reforma, que sean creíbles para los ciudadanos y para los Jueces.

El desenlace de la política de nombramiento de mujeres no apunta, lamentablemente, en esta dirección. Sin embargo, los objetivos son tan relevantes que seguimos empeñados en ellos y creemos necesario dar una nueva oportunidad para abordar desde la inequívoca buena fe el rumbo que nos demanda la sociedad.

Montserrat Comas d'Argemir es magistrada y vocal del Consejo General del Poder Judicial.